Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que uno de los factores que contribuyó a la perturbación del orden público, fue la acción violenta de grupos antisociales que vienen perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, así como la acción del narcotráfico con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas;

Que existen serios indicios, que los actos terroristas ejecutados por las bandas de narcotraficantes, en los cuales han perdido la vida varios centenares de personas, son previamente coordinados a través de comunicaciones telefónicas;

Que se hace necesario que los organismos de seguridad del Estado tengan acceso a dichos medios de comunicación, especialmente en aquellas líneas utilizadas por personas presuntamente vinculadas con actividades narcoterroristas, a fin de contrarrestar la acción de los delincuentes,

ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, los Jueces Penales Militares podrán autorizar a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, interceptar las líneas telefónicas, que están siendo utilizadas por personas presuntamente vinculadas en la comisión de delitos de narcotráfico y conexos, o en los tipificados en el Decreto Legislativo 180 de 1988 y normas que lo complementan o adicionan.

ARTÍCULO 2o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.