LEY 1952 DE 2019
(enero 28)
Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
PARTE GENERAL.
PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY
DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 1o. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Quien
intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a
la dignidad humana.
ARTÍCULO 2o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD
DISCIPLINARIA, FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN. <Ver Notas del Editor*> <En lo relativo a
las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir del 29 de junio de
2021* (Art. 265)> <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El Estado es el titular de la potestad
disciplinaria.
Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones
jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar
las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.
Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación
disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen
a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en los términos establecidos
en esta Ley.
Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la
sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría
General de la Nación y de las personerías distritales y municipales,
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de
sus dependencias.
A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción
disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de
la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares
disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia
de manera temporal permanente.
La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para
conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de
elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan fuero
especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de
conformidad con el artículo 185 de la Constitución
Política.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda
surgir de la comisión de la falta.
ARTÍCULO 3o. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La
Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder
disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier
investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y
municipales. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.
Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la
administración poder disciplinario preferente.
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. Los
destinatarios de este código solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de su realización. La preexistencia también se predica de
las normas complementarias.
La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los
principios de especialidad y subsidiariedad.
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La
sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y
los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la
función pública.
ARTÍCULO 6o. PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA
SANCIÓN DISCIPLINARIA. La imposición de la sanción
disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad.
La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la
falta y a su graduación de acuerdo con los criterios que fija esta ley.
ARTÍCULO 7o. IGUALDAD. Las
autoridades disciplinarias deberán hacer efectiva la igualdad de los
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger,
especialmente, a aquellas personas que por su
condición económica, física, mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta. El sexo, la raza, color, la condición social, la
profesión, el origen nacional o familiar o étnico, la lengua, el credo
religioso, la orientación sexual, la identidad de género, la opinión política o
filosófica, las creencias o prácticas culturales en ningún caso podrán ser
utilizados dentro del proceso disciplinario como elementos de discriminación.
ARTÍCULO 8o. FAVORABILIDAD. En
materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de
efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté
cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política.
ARTÍCULO 9o. ILICITUD SUSTANCIAL. <Artículo
modificado por el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La conducta del disciplinable será ilícita
cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.
ARTÍCULO 10. CULPABILIDAD. En
materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas
con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
ARTÍCULO 11. FINES DEL PROCESO DISCIPLINARIO. Las
finalidades del proceso son la prevalencia de la justicia, la efectividad del
derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.
ARTÍCULO 12. DEBIDO PROCESO. <Artículo
modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El disciplinable deberá ser investigado y
luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo
que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de
las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este
código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.
En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario
instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.
Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea
revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley
para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio
sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será
resuelta en la forma indicada en esta ley.
ARTÍCULO 13. INVESTIGACIÓN INTEGRAL. Las
autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar con igual rigor
los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de falta disciplinaria
y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su
inexistencia o lo eximan de responsabilidad.
ARTÍCULO 14. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser
tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se
resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de
eliminar la responsabilidad.
ARTÍCULO 15. DERECHO A LA DEFENSA. Durante
la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y
a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un
defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá
estar representado a través de apoderado judicial. Si no lo hiciere, se
designará defensor de oficio*, que podrá ser estudiante del Consultorio
Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.
ARTÍCULO 16. COSA JUZGADA DISCIPLINARIA. El
destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante
fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante de
naturaleza disciplinaria, proferidos por autoridad competente, no será sometido
a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun
cuando a este se le dé una denominación distinta.
Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en la
ley.
ARTÍCULO 17. GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. Ninguna actuación procesal
causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las
copias solicitadas por los sujetos procesales.
<Aparte tachado reemplazado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
Los sujetos procesales tendrán derecho a que se les entregue de manera gratuita
copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del y de los
fallos que se profieran.
ARTÍCULO 18. CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. El funcionario competente
impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los
términos previstos en este código.
ARTÍCULO 19. MOTIVACIÓN. Toda
decisión de fondo deberá motivarse.
ARTÍCULO 20. CONGRUENCIA. <Aparte
tachado reemplazado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
El disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas
disciplinarias que no consten en el auto de citación a audiencia y
formulación de cargos <pliego de cargos>, sin perjuicio de la
posibilidad de su variación.
ARTÍCULO 21. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. Toda
prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será
nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean
consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón
de su existencia. Se deben considerar, al respecto, las siguientes excepciones:
la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y
los demás que establezca la ley.
ARTÍCULO 22. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores
contenidos en la Constitución Política y en esta ley, además de los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia. En lo no previsto en esta
ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento
Penal en lo que no contravengan a la naturaleza del derecho disciplinario.
DISPOSICIONES GENERALES.
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 23. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Con
el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad,
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad,
economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño
de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos,
cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses,
establecidos en la Constitución Política y en las leyes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 24. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
DISCIPLINARIA. La ley disciplinaria se
aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o
fuera del territorio nacional.
SUJETOS DISCIPLINABLES.
ARTÍCULO 25. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son
destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos
aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en
esta ley.
Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998; son
servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones,
corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su
participación mayoritaria. Los indígenas que ejerzan funciones públicas o
administren recursos del Estado, serán disciplinados conforme a este código.
LA FALTA DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 26. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye
falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción
disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas
previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y
violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de
exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.
ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. La
falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento
de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por
extralimitación de sus funciones.
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo,
pudiendo hacerlo equivale a producirlo.
ARTÍCULO 28. DOLO. La
conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos
constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.
ARTÍCULO 29. CULPA. <Artículo
modificado por el artículo 4 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La conducta es culposa cuando el sujeto
disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, por
la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió
haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder
evitarla.
La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.
La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones.
ARTÍCULO 30. AUTORES. Es
autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a realizarla, aun
cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo
o función.
ARTÍCULO 31. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por
el artículo 5 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria
cuando la conducta se realice:
1. Por fuerza mayor.
2. En caso fortuito.
3. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado. 4. En cumplimiento de orden legítima de
autoridad competente emitida con las formalidades legales.
5. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad
y razonabilidad. 6. Por insuperable coacción ajena.
7. Por miedo insuperable.
8. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria. Si el error fuere de hecho vencible, se
sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la falta admita tal
modalidad. De ser vencible el error de derecho, se impondrá, cuando sea
procedente, la sanción de destitución y las demás sanciones graduables se
reducirán en la mitad. En los eventos de error acerca de los presupuestos
objetivos de una causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se
aplicarán, según el caso, los mismos efectos del error de hecho. Para estimar
cumplida la conciencia de la ilicitud basta que el disciplinable haya tenido la
oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo
ilícito de su conducta.
9. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la
dependencia administrativa correspondiente.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto
disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.
TÍTULO III.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 32. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por
el artículo 6 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Son causales de extinción de la acción
disciplinaria las siguientes:
1. La muerte del disciplinable.
2. La caducidad.
3. La prescripción de la acción disciplinaria.
PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la
acción disciplinaria.
ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA. <En lo relativo a las
funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir del 29 de diciembre de 2023
(Art. 265)> <Artículo modificado por
el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria prescribirá en cinco
(5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación,
para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último
hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera
instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos
(2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la
decisión de segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de
este Código, el término de prescripción será de doce (12) años. La
prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de
primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si
transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos
quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia
ratifique.
ARTÍCULO 34. RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN. El
sujeto disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción
disciplinaria. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término
máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la
solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado
el respectivo fallo, no procederá decisión distinta a la de la declaración de
la prescripción.
CAPÍTULO II.
LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 35. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA. Son causales de extinción
de la sanción disciplinaria:
1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción de la sanción disciplinaria.
ARTÍCULO 36. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN
DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria
prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
del fallo.
Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o
la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la
rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta
Política*.
TÍTULO IV.
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES,
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL
SERVIDOR PÚBLICO.
DERECHOS.
ARTÍCULO
37. DERECHOS. Además
de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos
de todo servidor público:
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el
respectivo cargo o función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas
en la ley.
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones
legales o convencionales vigentes.
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de
las relaciones humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro
del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones
consagradas en los regímenes generales y especiales.
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales
ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos
municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones
colectivas y los contratos de trabajo.
DEBERES.
ARTÍCULO 38. DEBERES. Son
deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales
y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas
Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el manejo del orden público.
3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de
un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o
función.
4. Formular, decidir oportunamente
o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos.
5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la
información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma
exclusiva para los fines a que están afectos.
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e
impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebidos.
7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las
personas con que tenga relación por razón del servicio.
8. Cumplir las disposiciones que
sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre
que no sean contrarias a la Constitución Nacional* y a las leyes vigentes, y
atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.
9. Desempeñar el empleo, cargo o
función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones
legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el
desempeño del cargo.
11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder
por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la
ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores
quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus
subordinados.
12. Dedicar la totalidad del
tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas,
salvo las excepciones legales.
13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho,
salvo prelación legal o urgencia manifiesta.
14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
15. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus
veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno
de cualquier cambio.
16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del
bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta
constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la
satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.
17. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales,
jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde
deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de
registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la
colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.
18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho
cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal,
reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.
19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad
judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los
dineros correspondientes.
20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así
como los internos sobre el trámite del derecho de petición.
21. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y
condiciones previstas por la ley o el reglamento.
22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de
conformidad con los fines a que han sido destinados.
23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y
bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su
utilización.
24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la
Procuraduría General de la Nación o a la Personería, cuando estos lo requieran,
la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del
cargo, función o servicio.
25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de
los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.
26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar
el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime
útiles para el mejoramiento del servicio.
27. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio
visible, y en la página web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible
al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los
contratos adjudicados, que incluirá el objeto y su valor y el nombre del
adjudicatario.
28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a
las contralorías departamentales y municipales, como a la Contraloría General
de la República dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota
de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.
29. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y
programas que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan
funciones públicas.
30. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de
jurisdicción coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de
multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.
31. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva
para el cobro de las sanciones de multa.
32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de
Auditoría, Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que
la modifiquen o complementen.
33. Implementar el Control Disciplinario Interno al más alto nivel
jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e
independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las
recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIIF), así como los demás sistemas de información a que
se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los
recursos presupuestales para el efecto.
35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten
los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del
Estado.
36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que
denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o
particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.
37. Publicar en la página web de la respectiva entidad, los informes de
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad
competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas
vigentes.
38. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión
permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento
periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más
importantes proyectos a desarrollar.
39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de
todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de
inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los
términos de ley.
40. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para
facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la
concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a
lo preceptuado en la ley.
41. Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal
de ingresos y gastos, y los de contabilidad financiera.
42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.
43. Enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco
(5) días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o
fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la
ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones
penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven
de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con
responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las
condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento
en garantía.
PROHIBICIONES.
ARTÍCULO 39. PROHIBICIONES. A
todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las
funciones contenidas en la Constitución, los Tratados Internacionales
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o
impedirle el cumplimiento de sus deberes.
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos,
favores o cualquier otra clase de beneficios.
4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores
o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos
extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del
Gobierno.
5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.
6. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros
de trabajo, o demás servidores públicos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su
cargo o la prestación del servicio a que está obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades,
así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien
corresponda su conocimiento.
9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin
justificación.
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada
directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o
apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera
permanente.
11. Incumplir, de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles,
laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas
en diligencia de conciliación.
12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos,
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus
funciones.
13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la
nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no
prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones
irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que
no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles
posesión a sabiendas de tal situación.
16. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la
jurisdicción contenciosa-administrativa, o proceder contra resolución o
providencia ejecutoriadas del superior.
17. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones
reguladas por la ley.
18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a
personas no autorizadas.
19. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier
servidor público o contra personas con las que tenga relación por razón del
servicio.
20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o
disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su
ejecución.
21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en
representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.
22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra de la
vida pública (artículo 1o, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de
1981).
23. Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas semanales
dentro de la jornada laboral, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
24. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación,
opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en
sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean
favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en
su propio beneficio o de un tercero.
25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo
en forma irregular.
26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los
profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en
cuantía injusta y excesiva.
27. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su
despacho, personas ajenas a la entidad.
28. <Ver
sobre condicionamiento a este numeral en la ley anterior>
Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades
o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos
esenciales definidos por el legislador.
29. Adquirir, por sí o por
interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que
otros los adquieran, salvo las excepciones legales.
30.
Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no
esté facultado para hacerlo.
31. Ejercer actividades o recibir beneficios
de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece.
32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que
comporte alguna clase de discriminación.
33. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de
carácter imperativo.
34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES.
ARTÍCULO 40. INCORPORACIÓN DE INHABILIDADES,
IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Se
entienden incorporados a este código las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en
la ley.
ARTÍCULO 41. INHABILIDADES SOBREVINIENTES. Las
inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción
de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial
o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable
sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o
aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso,
se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a
hacer efectivas sus consecuencias.
ARTÍCULO 42. OTRAS INHABILIDADES. También
constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la
ejecutoria del fallo, las siguientes:
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido
condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito
doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito
político.
Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena
privativa de la libertad.
2. Haber sido sancionado
disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas
graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de
tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una
sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o
excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
4. <Ver Notas del Editor> Haber sido declarado responsable
fiscalmente.
PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> Quien haya sido
declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de
cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad
cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si
este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya
al responsable del boletín de responsables fiscales.
Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya
sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en
el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales,
continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la
declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin
exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la
cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin
exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final
del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere
el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio
del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento,
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida
por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la
conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del
Estado.
ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además,
constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de
las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan
ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses
después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones
administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el
departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades
disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.
2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o
indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde
labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de
tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.
Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y
hasta doce meses después del retiro del servicio.
3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las
excepciones constitucionales o legales.
ARTÍCULO 44. CONFLICTO DE INTERESES. <Ver sobre
condicionamiento a este artículo en la ley anterior> Todo servidor público
deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés
particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo
tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en
conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse
impedido.
ARTÍCULO 45. EXTENSIÓN DE LAS INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS. Las
inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para los
gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o
servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de
los niveles departamental, distrital y municipal.
FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.
CLASIFICACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.
RTÍCULO 46. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS. Las faltas disciplinarias
son:
1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves.
ARTÍCULO 47. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD
O LEVEDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA. <Artículo
modificado por el artículo 8 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las
faltas gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la
falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
1. La forma de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva
institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se
apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel
de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se
derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la
comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la
cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de
difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas,
sean particulares o servidores públicos.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida
con culpa grave, será considerada falta grave.
CAPÍTULO II.
CLASIFICACIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS.
ARTÍCULO 48. CLASES Y LÍMITES DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS. <Artículo modificado por
el artículo 9 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
disciplinable está sometido a las siguientes sanciones:
1. <Ver Notas del Editor> Destitución e inhabilidad general de
diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.
2. Destitución e inhabilidad general de ocho (8)
a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.
3. Suspensión en el ejercicio del cargo de
tres (3) a dieciocho (18) meses e inhabilidad especial por el mismo término
para las faltas graves dolosas.
4. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) meses
para las faltas graves culposas.
5. Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario básico
devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas.
6. Amonestación escrita para las faltas leves culposas.
PARÁGRAFO. En el evento que el disciplinado haya cesado
en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su
ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el
término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos
devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la
inhabilidad.
ARTÍCULO 49. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. <Artículo
modificado por el artículo 10 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
1. <Ver Notas del Editor> La destitución e inhabilidad general
implica:
a) La terminación de la relación del servidor público o del particular
con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y
remoción, de carrera o elección; o
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la
Constitución Política y la ley; o
c) La terminación del contrato de trabajo; y
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función
pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo; y la
exclusión del escalafón o carrera.
2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo
desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de
aquel, por el término señalado en el fallo.
3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.
4. La amonestación implica un llamado de atención, por escrito, que debe
registrarse en la hoja de vida.
PARÁGRAFO. Si al momento del fallo el servidor público o
el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en
la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente,
deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para
que proceda a hacerla efectiva.
ARTÍCULO 50. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA
SANCIÓN. <Artículo modificado por
el artículo 11 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se
fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Atenuantes:
a) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de
la función o la ausencia de antecedentes.
b) La confesión de la falta o la aceptación de cargos.
c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado el
perjuicio causado, y
d) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien
afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución,
restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso.
2. Agravantes:
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco
(5) años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Salvo lo
establecido para la multa y la amonestación que serán valorados si fueron
impuestas en los últimos tres (3) años. Las sanciones de multa y la
amonestación se tendrán como agravantes si fueron impuestas en los tres (3)
años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.
b) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero:
e) El grave daño social de la conducta;
d) La afectación a derechos fundamentales;
e) El conocimiento de la ilicitud;
f) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la
entidad;
g) Ejecutar la conducta constitutiva de falta disciplinaria por
recompensa o promesa remuneratoria de un tercero;
h) La naturaleza de los perjuicios causados.
ARTÍCULO 51. CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. A
quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de
la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la
sanción de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta
última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;
b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se
incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;
c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta
en otro tanto, sin exceder el máximo legal, y
d) Si la sanción más grave es la multa, esta se incrementará hasta en
otro tanto, sin exceder el máximo legal.
PARTE ESPECIAL.
LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIA EN
PARTICULAR.
FALTAS GRAVÍSIMAS.
1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo
nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad
propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo,
cualquiera de los actos mencionados a continuación:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Lesión grave a
la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho
Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por Colombia.
3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o
cualquier privación de la libertad, seguida de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos
legales y de las garantías procesales pertinentes.
4. Infligir a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación.
5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona
o un grupo de ellas se desplace de su hogar o de su lugar de residencia, o
abandone sus actividades económicas habituales.
6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida.
ARTÍCULO 53. FALTAS RELACIONADAS CON LA LIBERTAD Y
OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.
1. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida,
la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo
de exigencias.
2. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.
3. Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada,
detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la
autoridad competente, dentro del término legal.
4. Realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar
actos de hostigamiento, acoso o persecución, contra otra persona en razón de su
raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género,
religión, ideología política o filosófica.
ARTÍCULO 54. FALTAS RELACIONADAS CON LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación
de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto
del contratista, salvo las excepciones legales.
2. Intervenir en la tramitación,
aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté
incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución
o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la
correspondiente licencia ambiental.
3. <Ver
sobre condicionamiento a este inciso en la ley anterior>
Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley.
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado
sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos
sin existir las causales previstas en la ley.
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por
las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la
entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
ARTÍCULO 55. FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO O
LA FUNCIÓN PÚBLICA.
1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones
sometidas a la misma restricción.
2. <Ver condicionamiento en las consideraciones de la Sentencia C-536-19> Consumir, en el sitio de trabajo, sustancias
prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al
trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de
estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad
señalada, será calificada como grave. En el evento de que esta conducta
fuere cometida en lugares públicos ella será calificada como grave, siempre y
cuando se verifique que ella incidió en el correcto ejercicio del cargo,
función o servicio.
3. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser
enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que
otros los adquieran.
4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los
términos de ley.
5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio por un
término igual o superior a cinco (5) días sin justificación.
6. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no
correspondan a la realidad u omitir información que tenga incidencia en su
vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o
ascensos o para justificar una situación administrativa.
7. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de
antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con la
ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de la
Nación, o hacer la anotación tardíamente.
8. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir
otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o
administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el
ejercicio de las mismas.
9. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
10. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación
y fallo de los asuntos asignados. Se entiende por mora sistemática el
incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley
o reglamento interno en la sustanciación de los asuntos a él asignados, en una
proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.
11. Adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el
fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del
ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor público para que realice dicha
conducta.
12. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido
previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala
conducta.
1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las
previsiones constitucionales y legales.
2. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de
una persona a sabiendas de que en ella concurre causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses.
3. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las
cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas
vigentes.
4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones
propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de un (1)
año después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o
corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios
de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la
inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u
organismo al que haya estado vinculado.
Esta incompatibilidad será indefinida en el tiempo respecto de los
asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de sus
funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de
sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de
decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos
claramente determinados.
5. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de
hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado
del asunto.
ARTÍCULO 57. FALTAS RELACIONADAS CON LA HACIENDA
PÚBLICA.
1. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente
rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley.
2. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el
artículo 346 de la Constitución Política.
3. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o
en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras,
sin contar con las autorizaciones pertinentes.
4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar o reservas presupuestales,
contrariando la programación establecida en actos administrativos.
5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del
saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).
6. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y
suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal,
servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos
judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios
públicos domiciliarios.
7. No adoptar las acciones
establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones
de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.
8. Efectuar o autorizar la inversión de recursos asignados a la entidad
o administrados por esta, en condiciones que no garanticen, necesariamente y en
orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado.
9. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia
de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los
pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los
Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrada de
Seguridad Social o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal
señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De
igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de
aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores
públicos al ICBF.
10. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de
terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la
evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar
el régimen aduanero o cambiario.
11. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el
Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones
emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas,
principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el
fin de producir información confiable, oportuna y veraz.
12. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas
Presidenciales cuyo objeto sea la congelación de nóminas oficiales, dentro de
la órbita de su competencia.
13. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las
apropiaciones presupuestales pertinentes.
14. Incumplir las normas que buscan garantizar la sostenibilidad de
largo plazo de las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad
macroeconómica del país.
15. No ejecutar las transferencias para los resguardos indígenas.
16. Constituir unidad de caja con las rentas de destinación específica.
17. Incumplir los acuerdos relativos a la reestructuración de pasivos o
de saneamiento fiscal.
18. No realizar la destinación preferente del porcentaje establecido en
la ley proveniente de la renta percibida por concepto de renta de monopolio
para salud y educación.
ARTÍCULO 58. FALTA RELACIONADA CON LA ACCIÓN DE
REPETICIÓN. No instaurarse en forma
oportuna por parte del representante legal de la entidad, en el evento de
proceder, la acción de repetición contra el funcionario, exfuncionario o
particular en ejercicio de funciones públicas, cuya conducta haya generado
conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado.
ARTÍCULO 59. FALTAS RELACIONADAS CON LA SALUD
PÚBLICA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.
1. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber,
con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la
protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, de los recursos
naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los
pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas
naturales o el medio ambiente.
2. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones
propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro
de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
3. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del
riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley.
ARTÍCULO 60. FALTAS RELACIONADAS CON LA
INTERVENCIÓN EN POLÍTICA.
1. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos
y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los
derechos previstos en la Constitución y la ley.
2. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a
respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de
carácter político partidista.
ARTÍCULO 61. FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO,
LA FUNCIÓN Y EL TRÁMITE DE ASUNTOS OFICIALES.
1. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control.
2. Abstenerse de suministrar dentro del término que señale la ley a los
miembros del Congreso de la República, las informaciones y documentos
necesarios para el ejercicio del control político.
3. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación
disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores
públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos
dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga
conocimiento en razón del cargo o función.
ARTÍCULO 62. FALTAS RELACIONADAS CON LA MORALIDAD
PÚBLICA.
1. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen
bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que
este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le
haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
2. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o
indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo
haga.
3. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de
grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos,
organizados, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.
4. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la
correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o
recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías
constitucionales y legales.
5. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar,
falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera
de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se
almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no
autorizadas.
6. Amenazar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente
constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.
7. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación
de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor de
determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto
legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados
o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho trámite.
8. Influir en otro servidor público o particular que ejerza función
pública, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación
derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o
decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier
orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la
conducta anteriormente descrita.
9. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del
territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación
aduanera.
10. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la
Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente,
con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto
arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya
denunciado hechos de corrupción.
ARTÍCULO 63. FALTAS ATRIBUIBLES A LOS FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS JUDICIALES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Sin
perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales
vigentes, para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los
de la Fiscalía General de la Nación, también serán faltas gravísimas las
siguientes:
1. Tomar interés directa o indirectamente en remates o ventas en pública
subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho judicial.
2. Interesarse indebidamente, de cualquier modo, que sea, en asuntos
pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir conceptos sobre ellos.
3. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la
emisión de su voto en elecciones generales.
4. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un
proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.
5. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos,
donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su
favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.
6. Ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor,
asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de
cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa.
PARÁGRAFO 1o. Los jueces de paz, en su calidad de
particulares que cumplen la función pública de administrar justicia en equidad,
solo serán disciplinables en los términos del artículo 34 de la Ley 497 de 1999 o leyes que, la reformen.
PARÁGRAFO 2o. Para los auxiliares de la justicia aplican
las faltas previstas en los numerales 4 y 5 de la presente disposición.
ARTÍCULO 64. FALTAS RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN
PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Sin perjuicio de lo
dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales vigentes, para
los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y
vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias también serán
faltas gravísimas las siguientes:
1. Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella.
2. Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones,
explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o
insumos para su fabricación.
3. Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no
autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas,
similares y accesorios.
4. Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los
reclusos o con sus familiares.
5. Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que
permitan el acceso a las dependencias del establecimiento.
6. Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden
de remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación.
7. Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los
libros de los centros de reclusión o no rendir o facilitar los informes
dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre
novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas telefónicas
y entrevistas.
8. Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las
Casas Fiscales.
9. Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden
interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los
internos.
10. Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los
servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas
irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas
de abogados o visitas de otra índole legalmente permitidas.
11. Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio
sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos
legalmente.
12. Permanecer irreglamentariamente en las
instalaciones.
13. Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas
o a las órdenes superiores.
14. Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre
funcionamiento de los establecimientos de reclusión.
15. Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al
servicio.
16. Retener personas.
17. Intimidar con armas y proferir amenazas y en general.
18. Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la
seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los
centros carcelarios.
19. Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir
en ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las
actividades del centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias.
20. Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos
carcelarios.
ARTÍCULO 65. FALTAS QUE COINCIDEN CON DESCRIPCIONES
TÍPICAS DE LA LEY PENAL. Cuando la conducta no pueda
adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de
especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando de él.
ARTÍCULO 66. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. <Ver
Notas del Editor*> <Aparte tachado eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021> Las faltas anteriores constituyen
causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del
artículo 175; numeral 3 del artículo 178 y el tercer inciso del artículo 178A* de la Constitución Política, cuando fueren
realizadas por el Presidente de la República, los Magistrados de la Comisión de
Aforados, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, o de la Corte
Constitucional, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, o quienes hagan sus veces, y del Fiscal General de la
Nación.
FALTAS GRAVES Y LEVES.
ARTÍCULO 67. FALTAS GRAVES Y LEVES. Constituye
falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de
los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en
prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima.
La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los
criterios señalados en el artículo 47 de este código.
ARTÍCULO 68. PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO. Cuando
se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al
interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes
funcionales, el jefe inmediato adoptará las medidas correctivas pertinentes sin
necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Dichas medidas no generarán
antecedente disciplinario.
RÉGIMEN ESPECIAL.
RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 69. NORMAS APLICABLES. El
régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los
sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y
conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los
mismos.
ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCIPLINABLES. <Ver sobre
condicionamiento a este inciso en la ley anterior> El presente régimen se
aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o
transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de
interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la
justicia.
Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este
Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho
intervengan.
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por
disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o
realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán
disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que
en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el
cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan,
custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que
hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han
destinado para su utilización con fines específicos.
<Ver sobre
condicionamiento a este inciso en la ley anterior> Cuando se trate de
personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al
representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso.
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES.
ARTÍCULO 71. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS,
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Constituyen
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de
conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones públicas,
las siguientes:
1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de
suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.
2. Las contempladas en los artículos 8o de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que
los modifiquen o complementen.
3. Las contempladas en los artículos 42 y 43 de esta ley.
Las previstas en la Constitución y la ley, referidas a la función
pública que el particular deba cumplir.
PARÁGRAFO. CONFLICTO DE INTERESES. El particular disciplinable
conforme a lo previsto en este código deberá declararse impedido para actuar en
un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión,
control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente,
o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en
conflicto con un interés particular y directo del particular disciplinable
deberá declararse impedido.
SUJETOS, FALTAS Y SANCIONES.
ARTÍCULO 72. SUJETOS Y FALTAS GRAVÍSIMAS. Los
sujetos disciplinables por este título solo responderán de las faltas
gravísimas aquí descritas; son faltas gravísimas las siguientes conductas:
1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses
establecidos en la Constitución o en la ley.
2. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos
administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la
autoridad o entidad pública titular de la función.
3. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un
tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos
indebidamente.
4. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas
autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen
erogación.
5. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o
particulares para obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en
el uso de los recursos públicos.
6. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que
soliciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la
transparencia del servicio público.
7. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
8. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de
carácter imperativo.
9. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.
10. Las consagradas en el numeral 14 del artículo 39; numerales 2, 3, 6 y 7 del artículo 54; numerales 4, 7 y 10 del artículo 55; numeral 3 del artículo 56; numerales 1, 8, 9, 10 y 11 del artículo 57; numeral 2 del artículo 60; numeral I del artículo 61; numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 62, cuando resulten compatibles con la función, servicio o labor.
11. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores
faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad,
constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica
consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa
en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de
él.
PARÁGRAFO 1o. Las faltas gravísimas solo son sancionables a
título de dolo o culpa.
PARÁGRAFO 2o. Los árbitros y conciliadores quedarán
sometidos además al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios
judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones
a imponer serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la
jerarquía de la función que le competía al juez o magistrado desplazado.
ARTÍCULO 73. SANCIÓN. Los
particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las
siguientes sanciones principales:
Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la comisión del hecho y, concurrentemente, inhabilidad para ejercer empleo
público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con
este de uno a veinte años.
Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio
público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial
sufrido por el Estado.
Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación
provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de 1 a 20
años.
ARTÍCULO 74. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA
SANCIÓN. Además de los criterios
para la graduación de la sanción consagrados para los servidores públicos,
respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que trata este libro,
se tendrán en cuenta el resarcimiento del perjuicio causado, la situación
económica del sancionado y la cuantía de la remuneración percibida por el
servicio prestado.
RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 75. NORMAS APLICABLES. El
Régimen Disciplinario Especial de los particulares también se aplicará a los
notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos, contempladas en
este título.
Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la
sanción disciplinaria, al igual que el procedimiento, son los mismos
consagrados en este código respecto de la competencia preferente.
ARTÍCULO 76. ÓRGANO COMPETENTE. El
régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado
y Registro como órgano de control especial con todos sus requisitos y
consecuencias, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la
Procuraduría General de la Nación.
FALTAS ESPECIALES DE LOS NOTARIOS.
ARTÍCULO 77. FALTAS GRAVÍSIMAS DE LOS NOTARIOS. Constituyen
faltas imputables a los notarios, además de las faltas gravísimas contempladas
en este Código, las siguientes:
1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado
y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos
Nacionales, las demás de carácter oficial y las entidades de seguridad o
previsión social.
2. Ejercer la función por fuera del círculo notarial correspondiente o
permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo
sitios de trabajo en oficinas de los usuarios.
3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de
dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del servicio,
en depósito o para pagos con destinación específica.
4. <Ver > La transgresión de las normas sobre inhabilidades,
impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la
Constitución, la ley y decretos.
5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas
tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la prestación
del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa de
los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no
dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato contiene una causal de
posible nulidad relativa o ineficacia.
PARÁGRAFO. Las faltas gravísimas solo son sancionables a
título de dolo o culpa.
ARTÍCULO 78. FALTAS DE LOS NOTARIOS. Constituye
falta disciplinarla grave y, por lo tanto, da lugar a la acción e imposición de
la sanción correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación
de los derechos y funciones.
ARTÍCULO 79. DEBERES Y PROHIBICIONES. Son
deberes y prohibiciones de los notarios, los siguientes:
1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de
índole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o utilizar
incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus
servicios, generando competencia desleal.
2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las
escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuales intervengan
todos los organismos administrativos del sector central y del sector
descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados en el
literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998,
cuando en el círculo de que se trate exista más de una notaría.
3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e
instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado
con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas
en los actos administrativos dictados dentro de la órbita de su competencia.
4. Los demás deberes y prohibiciones previstos en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto
Reglamentario número 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la
función notarial.
SANCIONES.
ARTÍCULO 80. SANCIONES. Los
notarios estarán sometidos al siguiente régimen de sanciones:
1. Destitución e inhabilidad para el caso de faltas gravísimas
realizadas con dolo o culpa gravísima.
2. Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves
realizadas con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.
3. Multa para las faltas leves dolosas.
ARTÍCULO 81. LÍMITE DE LAS SANCIONES. La
inhabilidad no será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) años.
La suspensión no será inferior a un (1) mes, ni superior a cuarenta y
ocho (48) meses.
La multa es una sanción de carácter pecuniario la cual no podrá ser
inferior al valor de 10, ni superior al de ciento ochenta (180) días del
salario mínimo legal mensual vigente establecido por el Gobierno nacional.
ARTÍCULO 82. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA
FALTA Y LA SANCIÓN. Además de los criterios
para la graduación de la falta y la sanción consagrados para los servidores
públicos, respecto de los notarios se tendrá en cuenta la gravedad de la falta,
el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado,
la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado y los
antecedentes en el servicio y en materia disciplinaria.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 83. EJERCICIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Aparte
tachado eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces; la Superintendencia
de Notariado y Registro; los Personeros Distritales y Municipales; las Oficinas
de Control Disciplinario Interno establecidas en todas las ramas, órganos y
entidades del Estado; y los nominadores.
El poder disciplinario de los Personeros Distritales y Municipales no se
ejercerá respecto del Alcalde y de los Concejales. Tal competencia corresponde
a la Procuraduría General de la Nación.
ARTÍCULO 84. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El
procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por
las respectivas Oficinas de Control Disciplinario Interno, personerías
municipales y distritales, y la Procuraduría General de la Nación.
PARÁGRAFO. Los procesos que se adelantan por la
jurisdicción disciplinaria se tramitarán conforme al procedimiento establecido
en este Código en lo que no contravenga la naturaleza de la jurisdicción.
ARTÍCULO 85. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La
acción disciplinaria es pública.
ARTÍCULO 86. OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La
acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información
proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por
queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en
los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los
artículos 38 de la Ley 190 de 1995
y 27 de la Ley 24 de 1992.
La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del
funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando este
invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la
investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la
suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el
expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez avocado el
conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la
actuación hasta la decisión final.
Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración
distrital o municipal.
ARTÍCULO 87. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. El servidor público que
tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si
fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo
fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando
las pruebas que tuviere.
Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren
constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento
de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta
delictiva.
ARTÍCULO 88. EXONERACIÓN DEL DEBER DE FORMULAR
QUEJAS. El servidor público no está
obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa
o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el
secreto profesional.
ARTÍCULO 89. ACCIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO
RETIRADO DEL SERVICIO. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo
funciones públicas.
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra
retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del
servidor público.
ARTÍCULO 90. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier
etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que
el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como
falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal
de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o
proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así
lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será
comunicada al quejoso.
LA COMPETENCIA.
ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA
COMPETENCIA. La competencia se
determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la
naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor
funcional y el de conexidad.
En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores
territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este
último.
ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO
DISCIPLINABLE. <Artículo modificado por
el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a las entidades y órganos del
Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y,
por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté
asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la
Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el
juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos
de elección popular y las de sus propios servidores.
El particular disciplinable conforme a este código lo será por la
Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el
artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la
naturaleza de la acción u omisión.
Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas
intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia
será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará
conforme a las reglas de competencia para los primeros.
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma
que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual
deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.
En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se
puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la
Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.
ARTÍCULO 93. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. <Artículo
modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Toda entidad u organismo del Estado, con
excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u
oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que
se adelanten contra sus servidores.
Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de
estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General
de la Nación de acuerdo con sus competencias.
En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o
seccionales, se' podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel
con sus respectivas competencias.
La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento
en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en donde se deba
tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la
Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias.
El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la
sanción.
PARÁGRAFO 1o. Se entiende por oficina del más alto nivel la
conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la
administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá
ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.
PARÁGRAFO 2o. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas
de Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por parte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo
de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del
13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto
en la Ley 734 de 2002.
ARTÍCULO 94. SIGNIFICADO DE CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO. Cuando en este Código se
utilice la locución “Control Disciplinario Interno”, debe entenderse por tal,
la oficina, dependencia o entidad que conforme a la ley tiene a su cargo el
ejercicio de la función disciplinaria.
ARTÍCULO 95. COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN Y LAS PERSONERÍAS. Los procesos disciplinarios
que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales
y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en
la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la
desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código.
ARTÍCULO 96. FALTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE
DISTINTAS ENTIDADES. Cuando en la comisión de
una o varias faltas conexas hubieren participado servidores públicos
pertenecientes a distintas entidades, el servidor público competente de la que
primero haya tenido conocimiento del hecho, informará a las demás para que
inicien la respectiva acción disciplinaria.
Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería
se conservará la unidad procesal.
ARTÍCULO 97. EL FACTOR TERRITORIAL. Es
competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se
realizó la conducta.
Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de
control disciplinario interno, las faltas cometidas por los servidores públicos
en el exterior y en el ejercicio de sus funciones, corresponderán a la
Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el factor objetivo y subjetivo,
fueren competentes en el Distrito Capital.
Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del
territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere
iniciado la investigación.
ARTÍCULO 98. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CONEXIDAD. Se
tramitarán bajo una misma cuerda procesal las actuaciones que satisfagan los
siguientes presupuestos:
1. Que se adelanten contra el mismo disciplinado.
2. Que las conductas se hayan realizado en un mismo contexto de hechos o
que sean de la misma naturaleza.
3. Que no se haya proferido auto de cierre de investigación o que no se
haya vencido el término de investigación.
Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la
comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán
en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor
jerarquía.
La acumulación podrá hacerse de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales. Si se niega, deberá hacerse exponiendo los motivos de la decisión
contra la cual procede el recurso de reposición.
ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El
funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación
disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se
encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga
atribuida la competencia.
Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia,
avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior
común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo
procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.
El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de
competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel,
de plano, resolverá lo pertinente.
ARTÍCULO 100. COMPETENCIA PARA EL PROCESO
DISCIPLINARIO ADELANTADO CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 15 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La competencia para investigar y juzgar
disciplinariamente al Procurador General de la Nación corresponde a la Corte
Suprema de Justicia. En caso en que haya sido postulado por esta corporación,
la competencia será del Consejo de Estado.
El proceso disciplinario que se surta contra el Procurador General de la
Nación se tramitará mediante el procedimiento previsto en este código.
<Inciso corregido por el artículo 4 del Decreto 1656 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En la Corte Suprema de Justicia, previo al
reparto de la queja correspondiente, se sortearán entre los miembros que
componen la Sala Plena, los magistrados que harán la investigación, el
juzgamiento, la doble instancia y doble conformidad. Para la acusación será
sorteado un integrante de cada una de las Salas, Civil y de Familia, Laboral y
Penal. Para el resto de las etapas se sortearán 5 magistrados de la Sala Plena,
en donde se garantice la representación de cada una de las Salas. Si el
conocimiento del proceso disciplinario corresponde al Consejo de Estado, la
competencia para la instrucción corresponderá, por reparto, a una de las Salas
Especiales de Decisión.
La etapa de juzgamiento estará a cargo de los presidentes de cada una de
las secciones que integran la Sala Plena del Consejo de Estado, salvo que
hubiese participado en la etapa anterior, evento en el cual se sorteará un
miembro de la sección que aquel preside.
La segunda instancia compete a la Sala Plena del Consejo de Estado, con
exclusión de los magistrados que hubieren conocido del proceso en etapas
anteriores. Previo a asumir la segunda instancia, se sorteará un magistrado de
cada una de las secciones que componen la Sala Plena del Consejo de Estado,
quienes resolverán la doble conformidad, en el evento de presentarse,
magistrados que no podrán integrar la Sala Plena para resolver la segunda
instancia.
ARTÍCULO 101. COMPETENCIA DE LAS SALAS
DISCIPLINARIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. <Artículo modificado por el
artículo 16 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La Procuraduría General de la Nación contará
con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus
competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán
competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos
disciplinarios contra los siguientes servidores públicos.
El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los
Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el
Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde
Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el
Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el
Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango
equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de
Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los
miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los
Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de
la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de
Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones
Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General.
También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás servidores
públicos del orden nacional de igual o superior categoría a los mencionados,
siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria.
La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de las
faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de los
servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este último
caso, aunque hayan hecho dejación del cargo.
PARÁGRAFO 1o. Las Salas Disciplinarias estarán conformadas
cada una por tres (3) integrantes. Según las competencias internas, las Salas
Disciplinarias conocerán de la consulta de la suspensión provisional y de los
recursos de apelación y queja interpuestos contra las decisiones de primera
instancia de las procuradurías delegadas. Igualmente, de la segunda instancia y
de la doble conformidad, en los procesos con asignación especial, siempre y
cuando el funcionario desplazado tenga la competencia de procurador delegado y
de las demás que le sean señaladas.
PARÁGRAFO 2o. La Procuraduría General de la Nación conocerá
de los procesos disciplinarios contra los Congresistas, siempre y cuando no
corresponda a conductas en ejercicio de la función congresional
de conformidad con la Constitución, el Reglamento del Congreso y las normas
ético disciplinarias incorporadas a este.
ARTÍCULO 102. COMPETENCIA DISCIPLINARIA DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. <Artículo modificado por
el artículo 18 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El Procurador General de la Nación conocerá de
la segunda instancia de las decisiones de las Salas Disciplinarias de
Juzgamiento. Igualmente, de la doble conformidad de las decisiones
sancionatorias de las salas. La doble conformidad de las decisiones
sancionatorias del Procurador General de la Nación será resuelta por una sala
compuesta por tres (3) personas que cumplan los mismos requisitos del
artículo 232 de la Constitución
Política, sorteadas de una lista de doce (12) nombres que debe elaborar la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en estricto orden descendente de quienes
se presentaron al concurso de méritos de que trata el artículo anterior. La
participación en esta Sala no impide el derecho a ser nombrado en la Sala
especial de Juzgamiento de servidores de elección popular en caso de
presentarse una vacante.
En el evento en que, por cualquier causa, esta lista se reduzca, el
Procurador General de la Nación deberá recomponerla de la lista anterior.
El Procurador General de la Nación, por razones de orden público,
imparcialidad o independencia de la función disciplinaria, así como para
asegurar las garantías procesales o la seguridad o integridad de los sujetos
procesales, podrá asignar directamente el conocimiento de un asunto como
también desplazar a quien esté conociendo de un proceso.
En ningún caso, tal desplazamiento podrá surtirse en relación con los
procesos contra servidores públicos de elección popular.
ARTÍCULO 103. TRÁMITE PROCESAL. La
competencia disciplinaria especial establecida en los artículos anteriores será
ejercida de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley.
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.
ARTÍCULO 104. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Son
causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan
la acción disciplinaria, las siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su
cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge
o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la
providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de
los sujetos procesales.
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o
contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su
opinión sobre el asunto materia de la actuación.
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos
procesales.
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en
sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil.
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los
sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil.
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o
disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación, o
formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos
procesales.
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos
procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido
su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a
menos que la demora sea debidamente justificada.
ARTÍCULO 105. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. El
servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe
declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el
que exprese las razones, señale la causal y, si fuere posible, aporte las
pruebas pertinentes.
ARTÍCULO 106. RECUSACIONES. Cualquiera
de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la
actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el
artículo 104 de esta ley. Al escrito de
recusación acompañará la prueba en que se funde.
ARTÍCULO 107. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO
O DE RECUSACIÓN. En caso de impedimento el
servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al
superior, quien decidirá de plano dentro de los tres (3) días siguientes a la
fecha de su recibo.
Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento de las diligencias.
Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta
o no la causal, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su
formulación; vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso
anterior.
La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el
impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.
ARTÍCULO 108. IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. Si el Procurador General de
la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el
Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación
disciplinaria. Si el Procurador General no acepta la causal de recusación,
enviará de manera inmediata la actuación disciplinaria a la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en un término de cinco días hábiles, para
que decida. Si declara infundada la causal, devolverá la actuación al Despacho
del señor Procurador General. En caso contrario la enviará al despacho del
señor Viceprocurador General.
SUJETOS PROCESALES.
ARTÍCULO 109. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. <Aparte tachado
eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el
investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se
adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en
el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución
Política. Esta misma condición la ostentarán las víctimas de conductas
violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así
como de acoso laboral.
En ejercicio del poder de supervigilancia
administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría
General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.
ARTÍCULO 110. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los
sujetos procesales podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica
de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar
la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la
misma, y
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato
constitucional o legal esta tenga carácter reservado. PARÁGRAFO 1o. La
intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo
establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar
la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que
tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.
Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en la Secretaría del
Despacho que profirió la decisión. PARÁGRAFO 2o. Las víctimas o
perjudicados, cuando se trate de investigaciones por violaciones a los derechos
humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o actos
constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.
ARTÍCULO 111. CALIDAD DE DISCIPLINADO. La
calidad de disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura
de investigación o la orden de vinculación.
El funcionario encargado de la investigación notificará de manera
personal la decisión de apertura de investigación al disciplinado. Para tal
efecto lo citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que
aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación
personal, se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.
El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la
actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la
responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan
practicado sin la presencia del disciplinado, en tanto se surtía dicho trámite
de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite
el disciplinado.
Enterado de la apertura de investigación disciplinaria, el disciplinado
y su defensor, si lo tuviere, tendrán la obligación procesal de señalar la
dirección en la cual recibirán las comunicaciones.
La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la
última dirección conocida.
ARTÍCULO 112. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. Como
sujeto procesal, el disciplinado tiene los siguientes derechos:
1. Acceder a la actuación.
2. Designar apoderado.
3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta
antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única
instancia.
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su
práctica, para lo cual se le remitirá la respectiva comunicación.
5. Rendir descargos.
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
7. Obtener copias de la actuación.
8. Presentar alegatos antes de la evaluación de la investigación y antes
del fallo de primera o única instancia.
ARTÍCULO 113. ESTUDIANTES DE CONSULTORIOS JURÍDICOS
Y FACULTADES DEL DEFENSOR. Los estudiantes de los
consultorios jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos
disciplinarios según los términos previstos en la ley.
Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del
investigado. Cuando existan criterios contradictorios, prevalecerán los del
defensor.
LA ACTUACIÓN PROCESAL.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 114. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN
PROCESAL. La actuación disciplinaria
se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente
ley y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en lo que no contravenga la naturaleza del derecho
disciplinario.
ARTÍCULO 115. RESERVA DE LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. En el procedimiento
disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos
procesales.
El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que
por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.
ARTÍCULO 116. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓN. La
actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá
por duplicado, en el medio más idóneo posible.
Las demás formalidades se regirán por las normas del Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza
funciones de policía judicial se aplicará la Ley 600 de 2000 en cuanto no se
oponga a las previsiones de esta ley.
ARTÍCULO 117. MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES
DISCIPLINARÍAS, TÉRMINO PARA ADOPTAR DECISIONES. Salvo
lo dispuesto en normas especiales de este código, todas las decisiones
interlocutorias y los fallos que se profieran en el curso de la actuación
deberán motivarse.
En la etapa de Indagación previa e investigación, las decisiones que
requieran motivación se tomarán en el término de diez (10) días y las de
impulso procesal en tres (3), salvo disposición en contrario.
ARTÍCULO 118. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. Para
la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán
utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos
y garantías constitucionales.
Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios
técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente
necesario.
Asimismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la
práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del
conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación
virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo
en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta
de la diligencia.
ARTÍCULO 119. RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. Cuando
se pierda o destruya un expediente correspondiente a una actuación en curso, el
funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias para
lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las copias recogidas
previamente por escrito o en medio magnético y se solicitará la colaboración de
los sujetos procesales, a fin de obtener copia de las diligencias o decisiones
que se hubieren proferido; de igual forma se procederá respecto de las
remitidas a las entidades oficiales.
Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, deberá reiniciarse la
actuación oficiosamente.
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.
ARTÍCULO 120. FORMAS DE NOTIFICACIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 19 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La notificación de las decisiones
disciplinarias puede ser personal, por estado electrónico, en estrados, por
edicto o por conducta concluyente.
ARTÍCULO 121. NOTIFICACIÓN PERSONAL. <Artículo
modificado por el artículo 20 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Se notificarán personalmente los autos de
apertura de investigación disciplinaria, el de vinculación, el pliego de cargos
y su variación, los fallos de instancia.
ARTÍCULO 122. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> Las decisiones que deban notificarse
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo
electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y, por escrito,
hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax
o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva
constancia será anexada al expediente.
ARTÍCULO 123. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES
INTERLOCUTORIAS. Proferida la decisión se
procederá así:
1. Al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que
deba notificarse.
2. En la comunicación se indicarán la fecha de la providencia y la
decisión tomada.
3. <Aparte tachado reemplazado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
Si transcurridos tres (3) días hábiles al recibo de la comunicación el
disciplinado no comparece, la secretaría del despacho que profirió la decisión
la notificará por estado. Se entenderá recibida la comunicación cuando hayan
transcurrido cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la entrega
en la oficina de correo <a la entrega de la comunicación en la
última dirección registrada>.De esta forma se
notificará el auto de cierre de la investigación y traslado para alegatos precalificatorios y el traslado del dictamen pericial para
la etapa de investigación.
ARTÍCULO 124. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO
COMISIONADO. <Artículo modificado por
el artículo 21 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En los casos en que la notificación del pliego
de cargos y su variación deba realizarse en sede diferente a la del competente,
este podrá comisionar para tal efecto a otro funcionario de la Procuraduría o
al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado o, en su defecto,
al personero distrital o municipal del lugar donde se encuentre el
disciplinable o su defensor, según el caso. Si no se pudiere realizar la
notificación personal, se fijará edicto en lugar visible de la secretaría del
despacho comisionado, por el término de cinco (5) días. Cumplido lo anterior,
el comisionado devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con las
constancias correspondientes.
La actuación permanecerá en la secretaría del funcionario que profirió
la decisión.
ARTÍCULO 125. NOTIFICACIÓN POR ESTADO
ELECTRÓNICO. <Artículo modificado por el
artículo 22 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Se surtirá mediante anotación e inserción en
estado electrónico, en el que deberá constar:
1. El número de radicación del expediente.
2. La indicación de los nombres y apellidos del disciplinable. Si varias
personas son disciplinables, bastará la designación de la primera de ellas
añadiendo la expresión “y otros”.
3. Fecha de la decisión que se notifica.
4. Fecha en que se surte la notificación y la firma del secretario o del
funcionario competente.
5. La fecha del estado. El estado podrá ser consultado en línea, bajo la
responsabilidad del secretario o del funcionario que ade
lanta el proceso. La inserción en el estado se hará
al día siguiente de la fecha del auto o providencia.
El estado se insertará en los medios electrónicos de los que disponga la
Procuraduría General de la Nación. La notificación por estado llevará inserta
la providencia o decisión que se quiera notificar. Deberá enviarse mensaje de
datos al disciplinable y/o su apoderado comunicándole la existencia del estado.
Solo el disciplinable y su defensor tendrán acceso al estado por medio
electrónico.
De las notificaciones hechas por estado, el secretario o el funcionario
que adelanta la actuación dejará constancia dentro del expediente en el que se
profirió la decisión notificada.
En aquellas dependencias en donde no sea posible cumplir con el estado
electrónico, el estado se fijará en un lugar visible de la secretaría o en la
oficina del funcionario competente para adelantar la actuación, al comenzar la
primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última
hora hábil del mismo. Igual constancia se dejará en el caso del estado
electrónico.
ARTÍCULO 126. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO. Las
decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier
diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos
procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o
no presentes.
ARTÍCULO 127. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. <Artículo
modificado por el artículo 23 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Los autos que disponen la apertura de
investigación, la vinculación, el pliego de cargos y su variación, y los fallos
que no puedan notificarse personalmente, se notificarán por edicto. Para tal
efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al
disciplinable, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última
dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso
disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es
sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer.
Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la
citación.
Si transcurrido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente
a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada no comparece
el disciplinable, en la secretaría se fijará edicto por el término de tres (3)
días para notificar la providencia.
Cuando el investigado ha estado asistido por defensor, con él se surtirá
la notificación.
ARTÍCULO 128. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA
CONCLUYENTE. Cuando no se hubiere
realizado la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de
decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los
efectos, si el disciplinado o su defensor no reclama y
actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o
se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales
posteriores.
ARTÍCULO 129. COMUNICACIONES. <Artículo
modificado por el artículo 24 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Las decisiones de sustanciación que no tengan
una forma especial de notificación prevista en este código se comunicarán a los
sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual el secretario dejará
constancia en el expediente.
Al quejoso se le comunicará la decisión de archivo y la del fallo
absolutorio. Se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido cinco (5) días a
partir del siguiente día de la fecha de la entrega de la comunicación en la
última dirección registrada, sin perjuicio de que se haga por otro medio más
eficaz, de lo cual se dejará constancia.
CAPÍTULO III.
RECURSOS.
ARTÍCULO 130. CLASES DE RECURSOS. Contra
las decisiones disciplinaria proceden los recursos de reposición, apelación y
queja.
PARÁGRAFO. Contra las decisiones de simple trámite no
procede recurso alguno.
ARTÍCULO 131. OPORTUNIDAD PARA INTERPONER LOS
RECURSOS. <Artículo modificado por
el artículo 25 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Los recursos de reposición y apelación se
podrán interponer desde la fecha de expedición de la decisión hasta el
vencimiento de los cinco (5) días siguientes a la notificación respectiva.
Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos
deberán interponerse y sustentarse en el curso de la audiencia o diligencia. Si
la misma se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión en la
que se profiera la decisión a impugnar.
ARTÍCULO 132. SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS. <Artículo
modificado por el artículo 26 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Quien interponga un recurso expondrá las
razones en que lo sustenta, ante el funcionario que profirió la decisión y en
el plazo establecido en el artículo anterior.
Si la sustentación no se presenta en tiempo o no se realiza en debida
forma, el recurso se declarará desierto.
ARTÍCULO 133. RECURSO DE REPOSICIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 27 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procederá únicamente
contra las siguientes decisiones: la que decide sobre la solicitud de nulidad,
la que niega la solicitud de copias, la que niega las pruebas en la etapa de
investigación, la que declara la no procedencia de la objeción al dictamen
pericial, la que niega la acumulación, y la decisión que finalice el
procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario.
ARTÍCULO 134. RECURSO DE APELACIÓN. El
recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la
decisión que niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la
decisión que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso
temerario, y el fallo de primera instancia. En el efecto suspensivo se
concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera
instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas si no se
han decretado de oficio.
Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se decreten de oficio, o
la negación de pruebas a solicitud del disciplinado sea parcial, se concederá
en el efecto devolutivo.
ARTÍCULO 135. PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN
PEJUS. El superior, en la
providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo
sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea
apelante único.
ARTÍCULO 136. RECURSO DE QUEJA. El
recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de
apelación.
ARTÍCULO 137. TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA. Dentro
del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se
podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere
oportunamente, se rechazará.
Dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del término
anterior, el funcionario competente enviará al superior funcional las copias
pertinentes para que decida el recurso.
El costo de las copias estará a cargo del impugnante. Si quien conoce
del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenará
al competente que las remita a la brevedad posible. Si decide que el recurso
debe concederse, lo hará en el efecto que corresponda.
ARTÍCULO 138. EJECUTORIA DE LAS DECISIONES. Las
decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme
cinco (5) días después de la última notificación. Las que se dicten en
audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la
decisión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, la
consulta y aquellas contra las cuales no procede recurso alguno quedarán en
firme el día que sean notificadas.
ARTÍCULO 139. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS. Quien
hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el
funcionario competente lo decida.
ARTÍCULO 140. CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE
LOS FALLOS. En los casos de error
aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza
donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo o función que ocupa u
ocupaba, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe
ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de
parte, por el mismo funcionario que lo profirió.
El fallo corregido, aclarado o adicionado será notificado conforme a lo
previsto en este código. Cuando no haya lugar a corrección, aclaración o
adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectará la ejecutoria
del fallo.
REVOCATORIA DIRECTA.
ARTÍCULO 141. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA
DIRECTA. <Artículo modificado por
el artículo 28 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Los fallos sancionatorios que dicten las
personerías y oficinas de control interno disciplinario podrán ser revocados de
oficio o a petición del interesado, por la Procuraduría General de la Nación,
según las competencias internas.
Igualmente, de oficio o a petición del quejoso, de las víctimas o
perjudicados, la Procuraduría General de la Nación podrá revocar el fallo
absolutorio o el archivo de la actuación cuando se trate de faltas que
constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario.
El quejoso, las víctimas o perjudicados podrán solicitar la revocatoria
directa dentro de los cuatro (4) meses siguientes al conocimiento de la
respectiva decisión.
Una vez se allegue la petición de revocatoria, se le informará al
disciplinable para que se pronuncie, dentro de los diez (10) días siguientes a
la entrega de la comunicación en la última dirección registrada.
La solicitud de revocatoria deberá resolverse en el término máximo de
seis (6) meses contados a partir de que se asuma su conocimiento.
ARTÍCULO 142. COMPETENCIA. El
Procurador General de la Nación será la única autoridad competente que podrá
revocar los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio.
En el caso de los fallos absolutorios, procederá la revocatoria
únicamente cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad
disciplinaria.
ARTÍCULO 143. CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LAS DECISIONES
DISCIPLINARIAS. En los casos referidos por
las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de
archivo y el fallo absolutorio son revocables solo cuando infrinjan
manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que
deban fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o amenacen
manifiestamente los derechos fundamentales.
ARTÍCULO 144. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL
SANCIONADO. El sancionado podrá
solicitar, por una única vez, la revocación total o parcial del fallo
sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra aquellos recursos
ordinarios previstos en este Código. La revocatoria del acto sancionatorio es
procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción
contencioso-administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia
definitiva; con todo, si se hubiere proferido sentencia, podrá solicitarse la
revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión
jurisdiccional.
ARTÍCULO 145. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
REVOCATORIA DE LOS FALLOS. <Ver > La solicitud
de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la
fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la
indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la
actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.
2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.
3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados
con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.
La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida
mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor,
quienes tendrán un término de cinco (5) días para corregirla o complementarla.
Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la corrección, será
rechazada.
ARTÍCULO 146. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE
LA RESUELVE.
Ni la petición de revocatoria de un fallo ni la decisión que la resuelve
revivirán los términos legales para el ejercicio de los medios de control en
materia contenciosoadministrativa.
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del
silencio administrativo.
PRUEBAS.
ARTÍCULO 147. NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. Toda
decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas
legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto
procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.
ARTÍCULO 148. IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA
BÚSQUEDA DE LA PRUEBA. El funcionario buscará la
verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y
circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la
responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia
o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar
pruebas de oficio.
ARTÍCULO 149. MEDIOS DE PRUEBA. Son
medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección
disciplinaria y los documentos, los cuales se practicarán de acuerdo con las
reglas previstas en este código.
Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de apreciar las pruebas,
siguiendo los principios de la sana crítica.
Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo
con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos
fundamentales.
ARTÍCULO 150. LIBERTAD DE PRUEBAS. La
falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de
los medios de prueba legalmente reconocidos.
ARTÍCULO 151. PETICIÓN Y NEGACIÓN DE PRUEBAS. Los
sujetos procesales pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que
estimen conducentes y pertinentes. Serán negadas las inconducentes, las
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.
ARTÍCULO 152. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO. El
funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro
servidor de la misma Entidad. Cuando se requiera practicar pruebas fuera de la
sede del despacho de conocimiento, se podrá acudir a las personerías
distritales o municipales.
En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias
objeto de la misma y el término para practicarlas.
El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de
las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido
expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido, se solicitará
ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual
se dejará constancia.
Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que
sean necesarias para la práctica de las pruebas. Dicha remisión podrá hacerse
por medio electrónico.
El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier
funcionario para la práctica de pruebas. Los demás servidores públicos de la
Procuraduría solo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su
sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.
ARTÍCULO 153. PRÁCTICA DE PRUEBAS EN EL EXTERIOR. La
práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará
por las normas legalmente vigentes.
En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría
General de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza
de la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del
funcionario que esté adelantando la actuación, previo aviso de ello al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática
acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.
ARTÍCULO 154. PRUEBA TRASLADADA. Las
pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa,
dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria
mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas
conforme a las reglas previstas en este código.
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o
evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la
presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no
hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan
por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o
evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso
disciplinario.
Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una
investigación penal en curso, o requiera trasladar a la actuación disciplinaria
elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido
descubiertos, así lo solicitará al Fiscal del caso, quien evaluará la solicitud
y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias
físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo
el éxito de la misma.
ARTÍCULO 155. ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA. El
funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de
las facultades de policía judicial, tomará las medidas que sean necesarias para
asegurar los elementos de prueba.
Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a
los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad y a
los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.
ARTÍCULO 156. APOYO TÉCNICO. El
servidor público que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar,
gratuitamente, a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que
considere necesaria para al éxito de las investigaciones.
ARTÍCULO 157. OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LA
PRUEBA. Los sujetos procesales
podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que sean notificados
del auto de apertura de investigación disciplinaria o de la orden de
vinculación.
ARTÍCULO 158. INEXISTENCIA DE LA PRUEBA. La
prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con
desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como
inexistente.
ARTÍCULO 159. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las
pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.
En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que esta se fundamenta.
ARTÍCULO 160. PRUEBA PARA SANCIONAR. No
se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad
del disciplinado.
CONFESIÓN.
ARTÍCULO 161. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN O
ACEPTACIÓN DE CARGOS. <Artículo modificado por
el artículo 29 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La confesión o la aceptación de cargos deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente para instruir,
juzgar o ante el comisionado o designado.
2. La persona deberá estar asistida por defensor.
3. La persona será informada sobre el derecho a no declarar contra sí
misma, y de las garantías consagradas en el artículo 33 de la Constitución Política
y de los beneficios y de las rebajas de las sanciones contempladas en este
código.
4. La autoridad disciplinaria ante la cual se realice la aceptación de
cargos, deberá constatar que la misma se hace en forma voluntaria, consciente,
libre, espontánea e informada.
PARÁGRAFO. En la etapa de investigación o juzgamiento,
el disciplinable podrá confesar o aceptar su responsabilidad respecto de los
hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de la
investigación o en los cargos formulados en el pliego.
ARTÍCULO 162. OPORTUNIDAD Y
BENEFICIOS DE LA CONFESIÓN Y DE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS. <Artículo modificado por el
artículo 30 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La confesión y la aceptación de cargos
proceden, en la etapa de investigación, desde la apertura de esta hasta antes
de la ejecutoria del auto de cierre. Al momento de la confesión o de la
aceptación de cargos se dejará la respectiva constancia. Corresponderá a la
autoridad disciplinaria evaluar la manifestación y, en el término improrrogable
de diez (10) días, elaborará un acta que contenga los términos de la confesión
o de la aceptación de cargos, los hechos, su encuadramiento típico, su
calificación y la forma de culpabilidad. Dicho documento equivaldrá al pliego
de cargos; el cual será remitido al funcionario de juzgamiento para que, dentro
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su recibo, profiera el
respectivo fallo.
Si la aceptación de cargos o la confesión se producen en la fase de
juzgamiento, se dejará la respectiva constancia y, se proferirá la decisión
dentro de los quince (15) días siguientes. La aceptación de cargos o la
confesión en esta etapa procede hasta antes de la ejecutoria del auto que concede
el traslado para alegar de conclusión.
Si la confesión o aceptación de cargos se produce en la etapa de
investigación, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se disminuirán
hasta la mitad. Si se produce en la etapa de juzgamiento, se reducirán en una
tercera parte.
El anterior beneficio no se aplicará cuando se trate de las faltas
gravísimas contenidas en el artículo 52 de este código. En el evento en que la
confesión o aceptación de cargos sea parcial, se procederá a la ruptura de la
unidad procesal en los términos de esta ley.
PARÁGRAFO. No habrá lugar a la retractación, salvo la
violación de derechos y garantías fundamentales.
RTÍCULO 163. CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN. Para
apreciar la confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario
competente tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para
apreciar el testimonio.
TESTIMONIO.
ARTÍCULO 164. DEBER DE RENDIR TESTIMONIO. Toda
persona está en la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le
solicita en la actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y
legales.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los menores de edad que
tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que
solo podrá ser recibida ante el Defensor o Comisario de Familia, en su despacho
o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. El
menor absolverá el cuestionario enviado para el caso por la autoridad
disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no
sean contrarias al interés del declarante.
ARTÍCULO 165. TESTIGO RENUENTE. Cuando
el testigo citado se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa
hasta el equivalente a cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en la época
de ocurrencia del hecho, a favor del tesoro nacional, a menos que justifique
satisfactoriamente su no comparecencia, dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha señalada para la declaración. La multa se impondrá mediante decisión
motivada, contra la cual procede recurso de reposición.
Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a rendir la declaración,
para lo cual se fijará nueva fecha.
Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá
disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se
trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida
de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad. Esta
norma no se aplicará a quien esté exceptuado constitucional o legalmente del
deber de declarar.
PARÁGRAFO. El procedimiento para aplicar la multa será
el establecido para el quejoso temerario, contenido en el artículo 210 de este Código.
ARTÍCULO 166. EXCEPCIÓN AL DEBER DE DECLARAR. El
servidor público informará a quien vaya a rendir testimonio sobre las garantías
consagradas por el artículo 33 de la Constitución
Nacional*.
ARTÍCULO 167. EXCEPCIONES POR OFICIO O PROFESIÓN. No
están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a
su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:
1. Los ministros de cualquier culto admitido legalmente.
2. Los abogados.
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar
secreto.
ARTÍCULO 168. AMONESTACIÓN PREVIA AL JURAMENTO. Toda
autoridad a quien corresponda tomar juramento amonestará previamente a quien
debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones
penales establecidas contra quien declare falsamente o incumpla lo prometido,
para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el
juramento.
ARTÍCULO 169. TESTIGO IMPEDIDO PARA CONCURRIR. Si
el testigo estuviere físicamente impedido para concurrir al despacho del
funcionario competente, será interrogado en el lugar en que se encuentre a
través de cualquier medio técnico que facilite su recepción.
ARTÍCULO 170. TESTIMONIO POR CERTIFICACIÓN JURADA. El
testimonio por certificación jurada se recaudará mediante la formulación de
cuestionario dirigido al declarante, indicando de manera sucinta los hechos
materia de investigación. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho
de la firma de la certificación.
La certificación jurada deberá remitirse al despacho de origen dentro de
los ocho (8) días siguientes al recibo del cuestionario.
Quien estando obligado a ello, y sin
justificación no rinda la certificación jurada o la demore, incurrirá en causal
de mala conducta. El funcionario que haya requerido la certificación pondrá el
hecho en conocimiento de la autoridad encargada de disciplinar al renuente.
<Aparte tachado eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
Prestarán certificación jurada: el Presidente de la República; el
Vicepresidente de la República; los Ministros del despacho; los Congresistas;
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces,
y los miembros del Consejo Nacional Electoral; el Fiscal y Vicefiscal
General de la Nación; el Procurador y Viceprocurador General de la Nación; los
oficiales generales o de insignia en servicio activo; el Director Nacional de
Fiscalías; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República; el
Registrador Nacional del Estado Civil; los Directores de Departamentos
Administrativos; el Contador General de la Nación; los miembros de la Junta
Directiva del Banco de la República; el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.; los
agentes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior. El derecho a
rendir certificación jurada es renunciable.
ARTÍCULO 171. TESTIMONIO DE AGENTE DIPLOMÁTICO. Cuando
se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera
acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, se le
remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente para
que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita
declarar en la misma forma a la persona solicitada.
Si el llamado a declarar fuere dependiente del agente diplomático, se
solicitará a este que le conceda el permiso para hacerlo y una vez obtenido se
procederá en forma ordinaria.
ARTÍCULO 172. EXAMEN SEPARADO DE TESTIGOS. Los
testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber ni
escuchar las declaraciones de quienes les preceden.
ARTÍCULO 173. PROHIBICIÓN. El
funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas capciosas
y de ejercer violencia sobre el testigo o de preguntar su opinión salvo que se
trate de testigo cualificado, técnica, científica o artísticamente.
Esta prohibición se hará extensiva a los sujetos procesales.
ARTÍCULO 174. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO. Los
testimonios serán recogidos y conservados por el medio más idóneo, de tal
manera que faciliten su examen cuantas veces sea necesario, sobre lo cual se
dejará constancia.
ARTÍCULO 175. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La
recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:
1. Presente e identificado el testigo, el funcionario lo amonestará y le
tomará el juramento, lo interrogará sobre sus condiciones civiles, personales y
sobre la existencia de parentesco o relación con el disciplinable, cumplido lo
cual le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.
2. El funcionario le informará sucintamente al testigo acerca de los
hechos objeto de la declaración y le solicitará que haga un relato de cuanto le
conste sobre los mismos. Terminado este, se formularán las preguntas
complementarias o aclaratorias necesarias.
Cumplido lo anterior, se les permitirá a los sujetos procesales
interrogar.
Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá
requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan
relación con el objeto de la investigación.
ARTÍCULO 176. CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL
TESTIMONIO. Para apreciar el
testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y
especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad
del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que
puedan observarse en el testimonio.
PERITACIÓN.
ARTÍCULO 177. PROCEDENCIA. La
autoridad disciplinaria podrá decretar, de oficio o a petición de los sujetos
procesales, la práctica de pruebas técnicocientíficas
o artísticas, que serán rendidas por servidores públicos o particulares que
acrediten conocimiento y experiencia en los temas objeto de prueba.
El dictamen presentado por el perito deberá ser motivado y rendirse bajo
juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma y se pondrán
en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que puedan
pedir que se complementen o aclaren.
ARTÍCULO 178. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DEL
PERITO. Los peritos están impedidos
y son recusables por las mismas causales que la autoridad disciplinaria
competente. El perito en quien concurra alguna causal de impedimento deberá
manifestarla antes de su posesión, acompañando, de ser posible, la prueba que
lo sustente y el competente procederá a reemplazarlo si la acepta.
Los sujetos procesales podrán recusar al perito aportando las pruebas
que tengan en su poder o solicitando las que estime pertinentes; la recusación
deberá formularse motivadamente por escrito, desde su posesión y hasta antes
del vencimiento del plazo concedido para emitir su dictamen.
Si el perito acepta la causal o manifiesta estar impedido será
reemplazado; en caso contrario, la autoridad disciplinaria que conozca el
proceso resolverá sobre la recusación, designando un nuevo perito si la declara
probada. De estimarse procedente, se remitirán copias de lo pertinente para la
investigación a que haya lugar.
Contra la decisión que se pronuncia sobre el impedimento o la recusación
no procede recurso.
ARTÍCULO 179. REQUISITOS Y PRÁCTICA. El
perito tomará posesión de su cargo jurando cumplir fielmente los deberes que
ello impone y acreditará su idoneidad y experiencia en la materia objeto de
prueba. El perito confirmará que tiene los conocimientos necesarios para rendir
el dictamen. El competente podrá disponer que la diligencia de posesión tenga
lugar ante el comisionado.
En el desempeño de sus funciones, el perito deberá examinar los
elementos sometidos a su estudio dentro del contexto de cada caso. Para ello el
funcionario competente aportará la información necesaria y oportuna.
El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la
evidencia que resulte de su examen, actividad en la cual no es necesaria la
presencia de los sujetos procesales. Estos podrán controvertir dichas diligencias
solamente una vez concedido el traslado.
El dictamen debe ser claro, conciso y preciso, conforme a lo solicitado
por el funcionario de conocimiento, y en él se explicarán, además de la
metodología empleada para alcanzar la conclusión, los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos
o artísticos de las conclusiones.
Cuando se designen varios peritos, estos conjuntamente practicarán las
diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el
dictamen. Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por
separado.
En todos los casos, al perito se le advertirá la prohibición de emitir
en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad disciplinaria.
El perito presentará su dictamen por escrito o por el medio más eficaz,
dentro del término señalado por la autoridad disciplinaria, el cual puede ser
susceptible de prórroga. Si no lo hiciere, se le conminará para cumplir
inmediatamente. De persistir en la tardanza, se le reemplazará y si no
existiere justificación se informará de ello a la autoridad disciplinaria
correspondiente.
ARTÍCULO 180. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. Recibido
el dictamen, el funcionario competente examinará que se haya cumplido a
cabalidad con lo ordenado; si no fuere así, lo devolverá al perito para que
proceda a su corrección o complementación. De satisfacer todos los requisitos
mediante decisión que se notificará por estado, se correrá su traslado a los
sujetos procesales por el término común de tres (3) días para que puedan
solicitar su aclaración, complementación o adición.
Cuando se decrete la aclaración, complementación o adición del dictamen,
se concederá al perito un término no superior a cinco (5) días, prorrogable por
una sola vez, para que aclare, amplíe o adicione su dictamen. De denegarse la
solicitud, procederá el recurso de reposición.
El dictamen aclarado, ampliado o adicionado dará por terminado el
trámite.
Los dictámenes podrán ser objetados por error grave. En caso de
concurrencia de solicitudes provenientes de distintos sujetos procesales, en
las que se objete el dictamen o se pida su aclaración, ampliación o adición, se
resolverá primero la objeción.
El escrito de objeción podrá ser allegado hasta antes de correr traslado
para alegatos de conclusión previos al fallo y en él se precisará el error y se
podrán pedir o allegar las pruebas para demostrarlo.
Si es aceptada la objeción, se designará un nuevo perito que emitirá su
dictamen de acuerdo con el procedimiento aquí previsto. De denegarse la
objeción, procederá el recurso de reposición.
El dictamen emitido por el nuevo perito será inobjetable, pero
susceptible de aclaración o complementación. La decisión correspondiente se
adoptará de plano.
PARÁGRAFO 1o. Los traslados previstos en este artículo en
la etapa de investigación se comunicarán y notificarán por estado.
PARÁGRAFO 2o. Cuando sea procedente la prueba pericial en
el trámite de la audiencia se dará aplicación al trámite previsto en este
artículo, pero el traslado y la sustentación de las aclaraciones,
complementaciones u objeciones se sustentarán verbal y motivadamente y las
notificaciones se harán en estrado.
ARTÍCULO 181. COMPARECENCIA DEL PERITO A LA
AUDIENCIA. De oficio o a petición de
los sujetos procesales, se podrá ordenar la comparecencia del perito a la
audiencia para que explique el dictamen y responda las preguntas que sean
procedentes.
ARTÍCULO 182. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. Al
apreciar el dictamen se tendrá en cuenta su solidez, precisión y fundamentación
técnico-científica, así como la idoneidad y competencia del perito. El dictamen
se apreciará en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el
proceso.
Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al
primero, pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere
objeción por error grave.
ARTÍCULO 183. TRÁMITE DE LA OBJECIÓN DEL DICTAMEN. El
dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del
término del traslado las partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se
amplíe.
Si no prospera la objeción, el funcionario apreciará conjuntamente los
dictámenes practicados. Si prospera aquella, podrá acoger el practicado para
probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero
del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se aclare,
adicione o amplíe.
ARTÍCULO 184. EXAMEN MÉDICO O PARACLÍNICO. Para
los efectos de la comprobación de la conducta disciplinaria, sus circunstancias
y el grado de responsabilidad, el funcionario competente podrá ordenar los
exámenes médicos o paraclínicos necesarios, los que en ningún caso podrán
violar los derechos fundamentales.
Las entidades de la Administración Pública tendrán la obligación de
practicar oportuna y gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos que los
peritos requieran y que ordene el funcionario competente.
Cuando se rehúse al examen de reconocimiento médico y se trate de faltas
relacionadas, directa o indirectamente, con la ingesta o consumo de bebidas
embriagantes o de otras sustancias que produzcan dependencia o que alteren la
conducta, se admitirán como medios de prueba subsidiarios, el testimonio de
quienes presenciaron los hechos o comportamiento, así como otros medios de
prueba que resulten útiles.
INSPECCIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 185. PROCEDENCIA. Para
la individualización de autores y su posterior vinculación o la verificación o
el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, podrá ordenarse, de
oficio o a petición de parte, inspección disciplinaria que podrá recaer sobre
cosas, lugares, bienes y otros efectos materiales, de la cual se extenderá acta
en la que se describirán los elementos relevantes encontrados y se consignarán
las manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia.
Durante la diligencia el funcionario comisionado podrá recibir dentro de
ella los testimonios útiles al proceso de quienes estén presentes o puedan
comparecer inmediatamente en el lugar de su realización, los que se recogerán en
formulario distinto al acta de inspección. Los elementos probatorios útiles se
recogerán y conservarán teniendo en cuenta los procedimientos de cadena de
custodia.
ARTÍCULO 186. REQUISITOS. La
inspección disciplinaria se decretará por medio de providencia que exprese con
claridad el objeto de la diligencia, así como el lugar de su realización. Al
disciplinable se le informará la fecha y hora de la diligencia. Durante el
trámite de la inspección, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal,
se podrán ampliar los aspectos objeto de la misma.
Cuando fuere necesario, el funcionario competente podrá designar perito
en la misma providencia o en el momento de realizarla. El comisionado podrá
igualmente hacer tal designación al momento de practicar la diligencia. Se
admitirá, también, la opinión técnica, artística o científica de quienes, por
razón de su formación, calificación, especialidad o experiencia, puedan
contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre que se haya autorizado en
la providencia que decretó la inspección.
Cuando la inspección disciplinaria sea ordenada durante el trámite de la
audiencia, se deberá señalar la fecha y hora en que se llevará a cabo,
pudiéndose comisionar para su práctica.
DOCUMENTOS.
ARTÍCULO 187. NATURALEZA DE LA QUEJA Y DEL INFORME. Ni
la queja ni el informe ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria
constituyen por sí mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con
todo, con ellos se podrá encauzar la actividad probatoria.
Los documentos allegados con la queja o informe se apreciarán siguiendo
las reglas de la sana crítica.
ARTÍCULO 188. APORTE. Los
documentos se aportarán en original o copia y, solo de ser necesario, se
adelantarán las diligencias tendientes a verificar su autenticidad.
ARTÍCULO 189. OBLIGACIÓN DE ENTREGAR DOCUMENTOS. Salvo
lo contemplado en el artículo 154 y demás excepciones
legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso
disciplinario, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad
disciplinaria que los requiera de manera oportuna o de permitir su
conocimiento.
Cuando se trate de persona jurídica, pública o privada, la orden de
solicitud de documentos se comunicará a su representante legal, en quien
recaerá la obligación de entregar aquellos que se encuentren en su poder y que
conforme a la ley tenga la obligación de conservar. La información deberá
entregarse dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes que regulen la
materia.
ARTÍCULO 190. DOCUMENTO TACHADO DE FALSO. Cuando
el documento tachado de falso se hallare en otro proceso, el funcionario
competente podrá solicitar a la autoridad a cargo de su trámite o bajo cuya
posesión se encuentre, la remisión de copia autenticada o, si fuere necesario,
que le envíe el original para su eventual cotejo y devolución al despacho de
origen o para agregarlo al expediente. Lo decidido sobre el documento tachado
de falso se comunicará al funcionario que conozca del proceso en que se
encontraba dicho documento.
Cuando se advierta la falsedad documental se dispondrá el informe
correspondiente con los medios de prueba del caso y su remisión a la autoridad
penal correspondiente.
ARTÍCULO 191. PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. Los
documentos allegados al proceso se presumen auténticos, así como los informes
rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad
disciplinaria. En caso de duda deberán ser sometidos a examen técnico, para lo
cual se atenderá lo señalado en lo referido a la prueba pericial.
ARTÍCULO 192. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS
RESERVADOS. Solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución o la ley, y en especial:
1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
3. Los amparados por el secreto profesional.
4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las
personas, incluidas en la historia clínica, hojas de vida, salvo que sean
solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad
expresa para acceder a esa información.
5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de
crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios
técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e
informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses
contados a partir de la realización de la respectiva operación.
PARÁGRAFO. Los documentos reservados deberán
incorporarse al expediente en cuaderno separado y conservarán su condición de
forma permanente. Los sujetos procesales podrán consultarlos
pero no se expedirán copias
ARTÍCULO 193. INFORMES TÉCNICOS. Los
funcionarios podrán requerir a entidades públicas o privadas informes sobre
datos que aparezcan registrados en sus libros o consten en sus archivos,
destinados a demostrar hechos que interesen a la investigación o al
juzgamiento.
ARTÍCULO 194. REQUISITOS. Los
informes se rendirán bajo juramento, serán motivados y en ellos se explicará
fundadamente el origen de los datos que se están suministrando.
ARTÍCULO 195. TRASLADO. Los
informes se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres (3)
días para que se puedan solicitar aclaraciones o complementaciones. Respecto de
estos no procede la objeción por error grave.
INDICIO.
ARTÍCULO 196. ELEMENTOS. Todo
indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual
el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro hecho.
ARTÍCULO 197. UNIDAD DE INDICIO. El
hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse
separadamente como indicadores.
ARTÍCULO 198. PRUEBA DEL HECHO INDICADOR. El
hecho indicador debe estar probado.
ARTÍCULO 199. APRECIACIÓN. El
funcionario apreciará los indicios en conjunto teniendo en cuenta su gravedad,
concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren
en la actuación procesal.
ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.
ARTÍCULO 200. ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. <Artículo
modificado por el artículo 31 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En desarrollo de las atribuciones de policía
judicial, en los términos del artículo 277 de la Constitución
Política, solo el Procurador General de la Nación podrá de oficio o a solicitud
de la autoridad disciplinaria, debidamente motivada, ejercer estas funciones.
En el proceso que se adelante por faltas disciplinarias catalogadas como
gravísimas, cometidas por los servidores públicos determinados en el
artículo 174 de la Constitución
Política, solo el Procurador General de la Nación tendrá a su cargo las
funciones de policía judicial.
ARTÍCULO 201. INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES. Las actuaciones que se
realicen en ejercicio de las atribuciones de Policía Judicial lo serán con
estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.
NULIDADES.
ARTÍCULO 202. CAUSALES DE NULIDAD. Son
causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso.
ARTÍCULO 203. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA
DECLARATORIA DE LAS NULIDADES Y SU CONVALIDACIÓN.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad
para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad
sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado
con su conducta a la ejecución del acto irregular.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del
perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.
5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para
subsanar la irregularidad sustancial.
ARTÍCULO 204. DECLARATORIA OFICIOSA. En
cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que
conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas
en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado. Contra esta
providencia no procede recurso
ARTÍCULO 205. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE
NULIDAD. La declaratoria de nulidad
afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la
causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la
actuación que dependa de la decisión declarada nula.
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las
pruebas allegadas y practicadas legalmente.
ARTÍCULO 206. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE
NULIDAD. <Artículo modificado por
el artículo 32 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de dar traslado para alegatos
de conclusión y deberá indicar en forma concreta la causal o causales
respectivas, así como expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.
ARTÍCULO 207. TÉRMINO PARA RESOLVER. <Artículo
modificado por el artículo 32 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de su recibo. Si la misma se presenta en el
marco de una audiencia, se resolverá en esta.
Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad
procede el recurso de reposición.
TÍTULO IX.
PROCEDIMIENTO.
INDAGACIÓN PREVIA.
ARTÍCULO 208. PROCEDENCIA, OBJETIVO Y TRÁMITE DE LA
INDAGACIÓN PREVIA. <Artículo modificado por
el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de
una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa.
La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Cuando se trate
de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional
Humanitario, el término de indagación previa podrá extenderse a otros seis (6)
meses.
Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará
uso de los medios de prueba legalmente reconocidos. Cuando a la actuación se
allegue medio probatorio que permita identificar al presunto autor,
inmediatamente se deberá emitir la decisión de apertura de investigación.
PARÁGRAFO. Si en desarrollo de la indagación previa no
se logra identificar o individualizar al posible autor o se determine que no
procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo. Esta decisión
no hará tránsito a cosa juzgada material.
ARTÍCULO 209. DECISIÓN INHIBITORIA. Cuando
la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos
disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de
manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede
iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.
Contra esta decisión no procede recurso.
ARTÍCULO 210. QUEJAS FALSAS O TEMERARIAS. <Artículo modificado por el
artículo 35 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las
quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo
reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o
quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.
Advertida la temeridad de la queja en cualquier etapa del proceso, la
autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios diarios
mínimos legales vigentes. En tales casos, se citará al quejoso por parte de la
autoridad disciplinaria para escuchar sus explicaciones, aporte pruebas y
ejerza su derecho de contradicción. De no concurrir, se le designará un
defensor de oficio* que puede ser un defensor público o un estudiante de
consultorio jurídico de Instituciones de Educación Superior legalmente
reconocidas, con quien se surtirá la actuación. Escuchado el quejoso o su
defensor, el funcionario resolverá en el término de cinco (5) días. Contra la
decisión procede el recurso de reposición.
CAPÍTULO II.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 211. PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA. Cuando, con fundamento en
la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique
al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará
la investigación disciplinaria.
ARTÍCULO 212. FINES Y TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN. La
investigación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al
amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente
hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud
del vinculado, oírlo en versión libre.
La investigación se limitará a los hechos objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
ARTÍCULO 213. TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 36 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
investigación tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la
decisión de apertura. Este término podrá prorrogarse hasta en otro tanto,
cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos (2) o más
servidores o particulares en ejercicio de función pública y culminará con el
archivo definitivo o la notificación de la formulación del pliego de cargos.
Cuando se trate de investigaciones por infracción al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario,
el término de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses.
Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación
jurídica del disciplinable, los términos previstos en los incisos anteriores se
prorrogarán hasta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si no ha surgido
prueba que permita formular cargos se archivará definitivamente la actuación.
ARTÍCULO 214. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Procederá
en los siguientes casos:
a) Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la
que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare
uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de
que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso
bajo una misma cuerda;
b) Cuando en la comisión de la falta intervenga una persona para cuyo
juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de
competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial;
c) Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que
obligue a reponer el trámite en relación con uno de los disciplinados o una o
algunas de las faltas atribuidas a un mismo disciplinado;
d) Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas sobrevinientes que
determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación
de otra persona en calidad de disciplinado, evento en el cual se ordenará
expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar la nueva acción en
expediente separado;
e) Cuando en la etapa de juzgamiento se verifique la confesión de una de
las faltas o de uno de los disciplinados, evento en el cual se continuará el
juzgamiento por las demás faltas o disciplinados en actuación separada.
PARÁGRAFO. La ruptura de la unidad procesal no genera
nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales del disciplinado.
Tampoco genera nulidad el hecho de adelantar procesos independientes para
conductas en las que se presenta conexidad procesal.
ARTÍCULO 215. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por
el artículo 37 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. Relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes
en lenguaje comprensible.
3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
4. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios
del disciplinable, una certificación sobre la relación con la entidad a la cual
el servidor público esté o hubiese estado vinculado, una constancia sobre el
sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última
dirección conocida.
5. La información sobre los beneficios de la confesión o aceptación de
cargos.
6. La orden de informar y de comunicar esta decisión, en los términos
del artículo siguiente
ARTÍCULO 216. INFORME DE LA INICIACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN. Si la investigación
disciplinaria se inicia por una Oficina de Control Disciplinario Interno, esta
dará aviso inmediato a la Viceprocuraduría General de
la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la personería
correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario
preferente. La Procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las
condiciones para que se suministre dicha información.
Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General
de la Nación o las personerías distritales o municipales, se comunicará al jefe
del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá
abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o
suspenderla inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina
competente de la Procuraduría.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS.
ARTÍCULO 217. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante
la investigación disciplinaría o el juzgamiento por faltas calificadas como
gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar
motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a
remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio
que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio
público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la
investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.
<Ver > El término de la suspensión provisional será de tres meses,
prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros
tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.
El auto que decreta la suspensión
provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, sin perjuicio
de su inmediato cumplimiento.
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de
inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al
afectado.
Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en Secretaría
por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar
alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente.
Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la
suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la
profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el
fallo de primera instancia.
PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de
suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se
tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció suspendido
provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la
aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.
ARTÍCULO 218. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. Quien
hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función
y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir
durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con fallo
absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando
expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o
única instancia.
En este caso, no obstante la suspensión del
pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la obligación de
hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.
ARTÍCULO 219. MEDIDAS PREVENTIVAS. Cuando
la Procuraduría General de la Nación o las Personerías adelanten diligencias
disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo,
actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los
perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se
vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público. Esta
medida solo podrá ser adoptada por el Procurador General, por quien este
delegue de manera especial, y el Personero.
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN.
ARTÍCULO 220. ALEGATOS PRECALIFICATORIOS. Cuando
se hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria, o
vencido el término de esta, el funcionario de conocimiento, mediante decisión
de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará correr traslado
por el término de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan
presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación.
ARTÍCULO 221. DECISIÓN DE EVALUACIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 38 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una
vez surtida la etapa prevista en el artículo anterior, el funcionario de
conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas
recaudadas y formulará pliego de cargos al disciplinable o terminará la
actuación y ordenará el archivo, según corresponda.
ARTÍCULO 222. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE
CITACIÓN A AUDIENCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS. El
funcionario de conocimiento citará a audiencia y formulará pliego de cargos
cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la
responsabilidad del disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO. En los procesos que se adelanten ante la
jurisdicción disciplinaria el auto de citación a audiencia será dictado por el
magistrado sustanciador.
ARTÍCULO 223. PLIEGO DE GARGOS. <Artículo modificado por el
artículo 72 de la Ley 2094 de 2021> La decisión mediante la cual se cite a
audiencia al disciplinado deberá contener:
1. La identificación del autor o autores de la falta.
2. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de
comisión de la conducta.
3. La descripción y determinación de la conducta investigada, con
indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
4. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación,
concretando la modalidad específica de la conducta.
5. El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.
6. El análisis de la culpabilidad.
7. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.
8. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para
determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en
el artículo 47 de este Código.
9. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.
ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En
los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el
artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo
definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.
Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el
archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.
JUZGAMIENTO.
ARTÍCULO 225. NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS Y
OPORTUNIDAD DE VARIACIÓN. <Artículo modificado por
el artículo 39 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su defensor si lo
tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá
con el primero que se presente.
<Aparte tachado reemplazado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021> Si vencido el término de cinco (5) días
contados a partir del día siguiente a la entrega de la comunicación en la
última dirección registrada y al correo electrónico, no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor
de oficio <defensor público o estudiante de consultorio jurídico de
universidad legalmente reconocida> con quien se surtirá la notificación
personal.
Las restantes notificaciones se surtirán conforme lo previsto en el
artículo 121 de este Código.
Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable de tres
(3) días, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente.
ARTÍCULO 225A. FIJACIÓN DEL
JUZGAMIENTO A SEGUIR. <Artículo adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Recibido el expediente por el funcionario a quien corresponda el juzgamiento,
por auto de sustanciación motivado, decidirá, de conformidad con los requisitos
establecidos en este artículo, si el juzgamiento se adelanta por el juicio
ordinario o por el verbal. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
El juicio verbal se adelantará cuando el sujeto disciplinable sea
sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta.
También se seguirá este juicio por las faltas leves, así como por las
gravísimas contempladas en los artículos 54, numerales 4 y 5; 55, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 56, numerales 1, 2, 3, 5; 57, numerales 1, 2, 3, 5 y 11; 58, 60, 61 y 62, numeral 6.
PARÁGRAFO. En cualquiera de los eventos anteriores, el
funcionario adelantará el proceso verbal, salvo que, por la complejidad del
asunto, el número de disciplinables, el número de cargos formulados en el
pliego o la carencia de recursos humanos, físicos o dotacionales de la
dependencia que debe cumplir la función de juzgamiento, dificulte el logro de
los principios de celeridad, eficacia y economía procesal en el desarrollo de
la actuación disciplinaria. En estos casos, el funcionario deberá motivar su
decisión.
<JUICIO ORDINARIO>.
ARTÍCULO 225B. SOLICITUD DE PRUEBAS Y DESCARGOS. <Artículo adicionado por el
artículo 41 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el
auto en el que el funcionario de conocimiento decide aplicar el procedimiento
ordinario, también dispondrá que, por el término de quince (15) días, el
expediente quede a disposición de los sujetos procesales en la secretaría. En
este plazo, podrán presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas.
Contra esta decisión no procede recurso alguno. La renuencia del investigado o
su defensor a presentar descargos no interrumpen el trámite de la actuación.
ARTÍCULO 225C. TÉRMINO
PROBATORIO. <Artículo adicionado por el
artículo 42 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el término para presentar descargos, así como para aportar y solicitar
pruebas, el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término no mayor de noventa (90) días.
Las pruebas decretadas oportunamente y que no se hubieren practicado o
aportado durante el período probatorio, se podrán evaluar en los siguientes
casos:
1. Cuando hubieran sido solicitadas por el disciplinable o su defensor,
sin que los mismos tuvieren responsabilidad alguna en su demora y fuere posible
su obtención.
2. Cuando a juicio del funcionario de conocimiento, constituyan elemento
probatorio fundamental para la determinación o la ausencia de responsabilidad
del investigado o el esclarecimiento de los hechos.
ARTÍCULO 225D. VARIACIÓN DE LOS
CARGOS. <Artículo corregido por el
artículo 1 del Decreto 1656 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si el
funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por
error en la calificación o prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes
reglas:
1. Si vencido el término para presentar descargos, el funcionario de
conocimiento advierte un error en la calificación, por auto de sustanciación
motivado, devolverá el expediente al instructor para que proceda a formular una
nueva calificación, en un plazo máximo de quince (15) días. Contra esta
decisión no procede recurso alguno y no se entenderá como un juicio previo de
responsabilidad.
2. Si el instructor varía la calificación, notificará la decisión en la
forma indicada para el pliego de cargos. Surtida la notificación, remitirá el
expediente al funcionario de juzgamiento quien, por auto de sustanciación,
ordenará dar aplicación al artículo 225A para que se continúe con el desarrollo de la
etapa de juicio.
3. Si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber
al funcionario de juzgamiento por auto de sustanciación motivado en el que
ordenará devolver el expediente. El funcionario de juzgamiento podrá decretar
la nulidad del pliego de cargos, de conformidad con lo señalado en esta ley.
4. Si como consecuencia de prueba sobreviniente, una vez agotada la
etapa probatoria, surge la necesidad de la variación del pliego de cargos, el
funcionario de juzgamiento procederá a realizarla, sin que ello implique un
juicio previo de responsabilidad.
5. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y
se otorgará un término de diez (10) días para presentar descargos, solicitar y
aportar pruebas. El período probatorio, en este evento, no podrá exceder el
máximo de dos (2) meses.
ARTÍCULO 225E. TRASLADO PARA
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 44 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si no
hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las decretadas, el
funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación ordenará el traslado
común por diez (10) días; para que los sujetos procesales presenten alegatos de
conclusión.
ARTÍCULO 225F. TÉRMINO PARA FALLAR Y CONTENIDO DEL
FALLO. <Artículo adicionado por
el artículo 45 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar
alegatos de conclusión. El fallo debe constar por escrito y contener:
1. La identidad del disciplinable.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos
y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de la ilicitud del comportamiento.
7. El análisis de culpabilidad.
8. La fundamentación de la calificación de la falta.
9. Las razones de la sanción o de la absolución, y
10. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para
la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.
ARTÍCULO 225G. NOTIFICACIÓN Y APELACIÓN DEL FALLO. <Artículo
adicionado por el artículo 46 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
decisión será notificada personalmente en los términos de esta ley. Si no fuera
posible hacerlo en los plazos correspondientes, se hará por edicto. Contra el
fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá
interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes
a su notificación ante la secretaría del despacho.
<JUICIO VERBAL>.
ARTÍCULO 225H. CITACIÓN A AUDIENCIA DE PRUEBAS Y
DESCARGOS. <Artículo adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En el
auto en el que el funcionario de conocimiento decida adelantar el juicio
verbal, de conformidad con las reglas establecidas en esta ley, fijará la fecha
y la hora para la celebración de la audiencia de descargos y pruebas, la cual
se realizará en un término no menor a los diez (10) días ni mayor a los veinte
(20) días de la fecha del auto de citación. Contra esta decisión no procede
recurso alguno.
ARTÍCULO 226. FORMALIDADES. La
audiencia se adelantará teniendo en cuenta las siguientes formalidades:
1. La audiencia deberá ser grabada en un medio de video o de audio.
2. De lo ocurrido en cada sesión se levantará un acta sucinta, la cual
será firmada por los intervinientes.
3. Finalizada cada sesión se fijará junto con los sujetos procesales la
hora, fecha y lugar de la continuación de la audiencia y esta decisión quedará
notificada en estrados.
4. Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se
resolverá ningún tipo de solicitud.
ARTÍCULO 227. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. <Artículo
modificado por el artículo 48 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
funcionario competente instalará la audiencia, verificará la presencia del
disciplinable o de su defensor y hará una presentación sucinta de los hechos y
los cargos formulados.
Acto seguido, si el disciplinable acude a la audiencia acompañado de
defensor, se le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el pliego
de cargos. Si la aceptar, se seguirá el trámite señalado en el artículo 162 de
este Código.
Si el disciplinable concurre a la audiencia sin defensor, se le
preguntará si es su voluntad acogerse al beneficio por confesión o aceptación
de cargos. En caso de que responda afirmativamente, se suspenderá la audiencia
por el término de cinco (5) días para la designación de un defensor de oficio*
que podrá ser un defensor público o estudiante de consultorio jurídico de
Instituciones de Educación Superior legalmente reconocidas, o para que el
disciplinable asista con uno de confianza.
En el evento en que la confesión o aceptación de cargos sea parcial, se
procederá a la ruptura de la unidad procesal en los términos de este código. En
caso de no darse la confesión o la aceptación de cargos, o si esta fuere
parcial, la autoridad disciplinaria le otorgará la palabra al disciplinable
para que ejerza el derecho a rendir versión libre y presentar descargos, así
como solicitar o aportar pruebas. Posteriormente, se le concederá el uso de la
palabra al defensor, si lo tuviere. De concurrir el delegado del Ministerio
Público y las víctimas o perjudicados o su apoderado judicial, el funcionario,
en ese orden, les concederá el uso de palabra para que puedan presentar
solicitudes, invocar nulidades, solicitar o aportar pruebas.
El funcionario competente resolverá las nulidades, una vez ejecutoriada
esta decisión, se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de
las pruebas solicitadas y decretará las que de oficio se consideren necesarias.
Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, la decisión se
notificará en estrados y contra ella procede el recurso de apelación que debe
interponerse y sustentarse en la misma sesión.
La práctica de pruebas se adelantará hasta por el término de veinte (20)
días prorrogables por una sola vez hasta por el mismo lapso. En este último
caso, la prórroga se dispondrá mediante decisión motivada.
Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado cuando sea
estrictamente necesario y procedente.
PARÁGRAFO. En· el caso de la confesión o la aceptación
de cargos, no habrá lugar a la retractación, salvo la violación de derechos y
garantías fundamentales.
ARTÍCULO 228. RENUENCIA. <Artículo
modificado por el artículo 49 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la
audiencia debe ser citado el disciplinable y su defensor. Si el defensor no
asiste, esta se realizará con el disciplinable, salvo que solicite la presencia
de aquel. Si no se presentare ninguno de los dos sin justificación, se
designará inmediatamente un defensor de oficio* que podrá ser un defensor
público o un estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación
Superior legalmente reconocidas, si es del caso, se ordenará la compulsa de
copias para que se investigue la conducta del defensor.
El disciplinable y su defensor podrán presentarse en cualquier momento,
asumiendo el proceso en el estado en que se encuentre. La misma consecuencia se
aplicará en los eventos de sustitución de poder.
La inasistencia de los sujetos procesales distintos al disciplinable o
su defensor no suspende el trámite de la audiencia.
ARTÍCULO 229. VARIACIÓN DE LOS CARGOS. <Artículo
modificado por el artículo 50 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si el
funcionario advierte la necesidad de variar los cargos por error en la
calificación o prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Si después de escuchar los descargos, el funcionario de conocimiento
advierte un error en la calificación, así lo hará saber en la audiencia,
motivará su decisión y ordenará devolver el expediente al instructor para que
proceda a formular una nueva calificación en un plazo máximo de quince (15)
días. Contra esta decisión no procede recurso alguno y no se entenderá como un
juicio previo de responsabilidad. Si el instructor varía la calificación,
notificará la decisión en la forma indicada para el pliego de cargos. Surtida
la notificación, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento quien,
fijará la fecha y la hora para la realización de la audiencia de descargos y
pruebas, la cual se realizará en un término no menor a los diez (10) días ni
mayor a los veinte (20) días de la fecha del auto de citación.
2. Si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber
al funcionario de juzgamiento quien, citará a audiencia, en la que podrá
decretar la nulidad del pliego de cargos, de conformidad con lo señalado en
esta ley.
3. Si agotada la etapa probatoria, la variación surge como consecuencia
de prueba sobreviniente, el funcionario procederá a hacer la variación en
audiencia, sin que ello implique un juicio previo de responsabilidad.
La variación se notificará en estrados y suspenderá la continuación de
la audiencia, la que se reanudará en un término no menor a los cinco (5) días
ni mayor a los diez (10) días. En esta audiencia, el disciplinable o su
defensor podrán presentar descargos y solicitar y aportar pruebas. Así mismo,
el funcionario resolverá las nulidades. Ejecutoriada esta decisión, se
pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas
solicitadas y decretará las que de oficio considere necesarias, las que se
practicarán en audiencia que se celebrará dentro de los cinco (5) días
siguientes. Podrá ordenarse la Práctica de prueba por comisionado cuando sea
necesario y procedente en los términos de esta ley.
El período probatorio, en este evento, no podrá exceder el máximo de un
(1) mes.
ARTÍCULO 230. TRASLADO PARA ALEGATOS PREVIOS AL
FALLO. <Artículo modificado por
el artículo 51 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si no
hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las decretadas, se
suspenderá la audiencia por el término de diez (10) días para que los sujetos
procesales preparen sus alegatos previos a la decisión.
Reanudada esta, se concederá el uso de la palabra a los sujetos
procesales para que procedan a presentar sus alegatos, en el siguiente orden,
el Ministerio Público, la víctima cuando fuere el caso, el disciplinable y el
defensor. Finalizadas las intervenciones, se citará para dentro de los quince
(15) días siguientes, con el fin de dar a conocer el contenido de la decisión.
ARTÍCULO 231. CONTENIDO DEL FALLO. El
fallo debe constar por escrito y contener:
1. La identidad del disciplinado.
2. Un resumen de los hechos.
3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos
y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. El análisis de la ilicitud del comportamiento.
6. El análisis de culpabilidad.
7. La fundamentación de la calificación de la falta.
8. Las razones de la sanción o de la absolución y
9. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la
graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.
ARTÍCULO 232. EJECUTORIA DE LA DECISIÓN. La
decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la
terminación de la misma, si no fuere recurrida.
ARTÍCULO 233. RECURSO CONTRA EL FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA. Contra el fallo de primera
instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma
diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes ante la Secretaría del Despacho.
SEGUNDA INSTANCIA.
ARTÍCULO 234. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El
funcionario de segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
proceso.
El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda
instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que
resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
ARTÍCULO 235. PRUEBAS EN SEGUNDA
INSTANCIA O EN ETAPA DE DOBLE CONFORMIDAD. <Artículo modificado por el
artículo 52 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
segunda instancia, o en procesos de doble conformidad, excepcionalmente se
podrán decretar pruebas de oficio.
El funcionario de conocimiento debe decretar aquellas pruebas que puedan
modificar sustancial y favorablemente la situación jurídica del disciplinado.
En dicho evento y, luego de practicadas las pruebas, se dará traslado por el
término de cinco (5) días a los sujetos procesales, vencidos estos, el fallo se
proferirá en el término de cuarenta (40) días.
TÍTULO X.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.
ARTÍCULO 236. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. <Artículo modificado por
el artículo 53 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los
alcaldes de distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. <Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 1656 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El nominador, respecto de los servidores
públicos de libre nombramiento y remoción, y de carrera. 4. Los presidentes de
las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces respecto de los
miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. En el
evento de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la sanción se
hará efectiva por el Vicepresidente de la respectiva corporación. 5 El
representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones,
juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto
de los trabajadores oficiales.
6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus
representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos
directivos.
7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del, particular que
ejerza funciones públicas y las entidades públicas en supresión, disolución o
liquidación.
PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio,
el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo,
quien tendrá para ello un plazo de tres días, contados a partir de la fecha de
recibo de la respectiva comunicación.
En el caso de los servidores públicos de elección popular, la
comunicación solo podrá efectuarse cuando el funcionario competente cuente con
certificación judicial que indique que contra la decisión no se interpuso el
recurso extraordinario de revisión de que trata esta ley, que fue rechazado, o
resuelto de forma desfavorable.
ARTÍCULO 237. PAGO Y PLAZO DE LA MULTA. Cuando
la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad,
el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses
siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial,
se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la
suspensión en el cargo haya sido convertida en días de salario, el cobro se
efectuará por jurisdicción coactiva.
Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado
sus servicios el sancionado.
Si el sancionado no se encuentra vinculado a la entidad oficial, deberá
cancelar la multa a favor de esta, en un plazo máximo de treinta
días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no
hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días
siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.
Corte Constitucional:
- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido a la frase
"... a favor de la entidad ..." contenida en el tercer Inciso del
Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarada EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente,
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor
del tesoro nacional dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la
decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la
Procuraduría General de la Nación.
Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde
a la jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite
procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la
jurisdicción coactiva informará sobre su pago a la Procuraduría General de la
Nación, para el registro correspondiente.
En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el
pago de la multa el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los
correspondientes intereses corrientes.
ARTÍCULO 238. REGISTRO DE SANCIONES. Las
sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las
relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad
fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas
proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía
con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de profesiones
liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y
Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la
expedición del certificado de antecedentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el
inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1 del
artículo 42 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador
General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en
firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
<Ver > Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que
exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.
<Título adicionado por la Ley 2094 de 2021>
ARTÍCULO 238A. PROCEDENCIA. <Artículo corregido por el
artículo 6 del Decreto 1656 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
recurso extraordinario de revisión procede contra las decisiones sancionatoria
ejecutorias dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de
la potestad disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos
absolutorios y los archivos, cuando se trate de violaciones a los derechos
humanos o el derecho internacional humanitario. Igualmente, contra las decisiones
producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la
Nación.
ARTÍCULO 238B. COMPETENCIA. <Artículo adicionado por el
artículo 55 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos
extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de
doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de
Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones
producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la
Nación.
Los Tribunales Administrativos de lo Contencioso Administrativo de los
recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia
o de doble conformidad dictadas por los Procuradores Regionales de Juzgamiento.
ARTÍCULO 238C. CAUSALES DE REVISIÓN. <Artículo adicionado por el
artículo 56 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son
causales de revisión:
1. Violación directa de la ley sustancial.
2. Violación de indirecta de la ley sustancial por error de hecho o
derecho en la apreciación de la prueba.
3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.
4. P r nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.
5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria, por violación
de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación
probatoria.
6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión,
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o· por obra de tercero.
7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.
8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue
determinada por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un
tercero.
9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de
Estado se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la
decisión recurrida.
ARTÍCULO 238D. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
recurso extraordinario de revisión podrá interponerse dentro de los treinta
(30). días siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión disciplinaria
por el disciplinado en el caso de las decisiones sancionatorias o por el
quejoso, víctima o perjudicado en el caso de las decisiones absolutorias o de
archivo cuando se trate de conductas contrarias a los derechos humanos o el
derecho internacional humanitario.
En el caso de las causales contempladas en los numerales 6 a 9, el
término de los treinta (30) días se contará una vez se produzca el hecho en que
se fundamenta la causal.
En todos los casos relacionados con servidores públicos de elección
popular, la ejecución de la decisión en su contra quedará suspendida hasta que
se resuelva el recurso correspondiente, si es que se presentase y fuere
admitido; o hasta que se venza el término de Ley para la radicación y admisión
del mismo.
En los demás procesos disciplinarios, las partes podrán solicitar ante
la autoridad judicial correspondiente la suspensión de la ejecución de la
sanción, en calidad de medida cautelar, cumpliendo los requisitos previstos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esta solicitud deberá ser resuelta en el auto admisorio.
ARTÍCULO 238E. REQUISITOS DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 58 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
recurso extraordinario de revisión debe interponerse mediante escrito que
deberá contener:
1. La designación de las partes, sus apoderados o representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. La causal invocada y los fundamentos de hecho y de derecho en que se
apoya la solicitud.
4. Pretensión resarcitoria debidamente fundamentada, cuando sea
procedente.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su presentación y las
pruebas que el recurrente tenga en su poder. Igualmente solicitará las que
pretende hacer valer.
ARTÍCULO 238F. TRÁMITE. <Artículo adicionado por el
artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una
vez radicado el recurso y efectuado el reparto correspondiente, el magistrado
al que le corresponda, resolverá sobre su admisión en el término máximo de diez
(10) días.
Si el recurso se inadmite por no reunir los requisitos formales exigidos
en el artículo anterior se concederá al recurrente un plazo de cinco (5) días
para subsanar los defectos que se adviertan en el auto inadmisorio.
En este plazo no procederá la ejecución de la sanción ni la reforma del
recurso.
Procederá el rechazo del recurso en los siguientes eventos:
1. Cuando no se presente en el término legal.
2. Cuando se presente por quien carezca de legitimación para hacerlo.
3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión.
Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la
Procuraduría General de la Nación para que lo conteste dentro del término de
los cinco (5) días siguiente y solicite las pruebas a que haya lugar. No se
podrán proponer excepciones previas.
Si se decretar n pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará
un término máximo de veinte (20) días para su práctica.
ARTÍCULO 238G. SENTENCIA. <Artículo adicionado por el
artículo 60 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el período probatorio, si lo hubiere, se
dictará la respectiva sentencia. En todo caso. la decisión de este recurso no
podrá ser superior al término de los seis (6) meses contados desde su admisión.
Pan el efecto, este recurso tendrá prelación frente a los otros asuntos que le
corresponden conocer a la respectiva Sala Especial o el Tribunal, salvo las
acciones constitucionales. El incumplimiento de los términos aquí previstos
será causal de mala conducta.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de revisión,
dejará sin validez la decisión recurrida y dictará la que en derecho
corresponda.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre los
perjuicios, y demás consecuencias que se puedan derivar de aquella. Si en el
expediente no existiere prueba para condenar en concreto, esta se hará en
abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.
RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 239. ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por
el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitarán
y resolverán los procesos que, por infracción al régimen disciplinario
contenido en el presente estatuto, se adelanten contra los funcionarios y
empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así
como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley, y demás
autoridades que administran 'justicia de manera excepcional, temporal o
permanente, excepto quienes tengan fuero especial.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Procuraduría General para
conocer de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores, sin
excepción alguna, salvo el caso del Procurador General de la Nación.
PARÁGRAFO 1o. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial
es titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario en
cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso,
investigación o juzgamiento de competencia 9 las comisiones seccionales de
disciplina judicial de oficio o a petición de parten los siguientes casos:
1. Violación del debido proceso;
2. Que el asunto provoque o comprometa un impacto de orden social,
político o institucional, o tenga una connotación especial en la opinión
pública nacional o territorial.
3. Que se advierta razonadamente que, para la garantía de los principios
que rigen el proceso disciplinario, la actuación la adelante directamente la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo corregido por el artículo 7 del
Decreto 1656 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial
podrán dividirse internamente en salas o subsalas,
para poder dar cumplimiento a las garantías que se implementan en esta ley. En
todo caso el funcionario que investiga debe ser diferente al que juzga.
ARTÍCULO 240. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo
modificado por el artículo 62 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
acción jurisdiccional disciplinaria corresponde al Estado y se ejerce por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial.
ARTÍCULO 241. INTEGRACIÓN NORMATIVA. En
la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales
prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las
consagradas en el Código General del Proceso, Código Penal y de Procedimiento
Penal, en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho disciplinario
jurisdiccional.
FALTAS DISCIPLINARIAS.
ARTÍCULO 242. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye
falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción
correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión
en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de
intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las
contempladas en este código.
ARTÍCULO 243. DECISIÓN SOBRE IMPEDIMENTOS Y
RECUSACIONES. <Aparte tachado
eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021> En la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes
hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones serán resueltos de plano
por los demás integrantes de la Sala y si fuere necesario se sortearán con
jueces. En las Salas disciplinarias duales de las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones
de uno de sus miembros serán resueltos por el otro magistrado, junto con el
conjuez o conjueces a que hubiere lugar.
PROVIDENCIAS.
ARTÍCULO 244. FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PROFERIR
LAS PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por
el artículo 63 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Los autos interlocutorios, excepto el auto de
terminación, y los de sustanciación, serán dictados por el magistrado
sustanciador. El auto de terminación, y la sentencia serán dictadas por la
respectiva Sala. Cuando se trate de juicio verbal, se seguirán las reglas
previstas en este Código. Las notificaciones y las actuaciones que se tramiten
en los procesos disciplinarios se ·surtirán con base en las reglas dispuestas
en el decreto legislativo 806 de 2020.
PARÁGRAFO. En los procesos adelantados ante la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial la decisión de terminación, o la sentencia será
adoptada por la respectiva Sala.
ARTÍCULO 245. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO
COMISIONADO. <Aparte tachado
eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
En los casos en que la notificación personal deba realizarse en sede diferente
del competente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces,
podrán comisionar a cualquier otro funcionario o servidor público con autoridad
en el lugar donde se encuentre el investigado o su defensor.
ARTÍCULO 246. EJECUTORIA. <Artículo
modificado por el artículo 64 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> La sentencia que resuelve los recursos de
apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso,
quedarán ejecutoriadas al momento de su notificación.
RECURSOS Y CONSULTA.
ARTÍCULO 247. CLASES DE RECURSOS. <Artículo
modificado por el artículo 65 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Contra las providencias proferidas en el
trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este código.
Además, procederá la reposición contra el auto de determinación del
procedimiento y archivo definitivo en los procesos seguidos por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
ARTÍCULO 248. CONSULTA. <Artículo
derogado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021>
PRUEBAS.
ARTÍCULO 249. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO Y
FACULTADES DE POLICÍA JUDICIAL. <Artículo modificado por
el artículo 66 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Para la práctica de pruebas, los miembros de
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, podrán comisionar dentro de
su sede a los empleados de su dependencia y fuera de ella a funcionarios
judiciales de igual o inferior categoría. ·
Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrán
comisionar a sus Magistrados Auxiliares, abogados asistentes y a cualquier funcionario
judicial del país para la práctica de pruebas.
La jurisdicción disciplinaria tiene facultades de policía judicial.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 250. ARCHIVO DEFINITIVO. El
archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa,
cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente
código.
ARTÍCULO 251. TÉRMINO. La
investigación disciplinaria contra funcionarios de la Rama Judicial se
adelantará dentro de los términos establecidos en el artículo 213 del presente código.
ARTÍCULO 252. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La
suspensión provisional a que se refiere este código, en relación con los funcionarios
judiciales, será ordenada por la Sala respectiva. En este caso, procederá el
recurso de reposición.
ARTÍCULO 253. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. Quien
hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo y tendrá
derecho a la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión,
cuando la investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo
absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere concluido
la investigación. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la
aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.
En este caso, no obstante la suspensión del
pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de
hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.
JUZGAMIENTO.
ARTÍCULO 254. JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO
JURISDICCIONAL. <Artículo modificado por el
artículo 67 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> El procedimiento establecido en este código
procede de conformidad con la competencia de la Comisión Nacional o las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. El juicio verbal 10 adelantará el
Magistrado sustanciador hasta antes del fallo de primera instancia. Dentro de
los cinco (5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que será dictado
por la sala en el término de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede el
recurso de apelación.
ARTÍCULO 255. En
el desarrollo de la audiencia se podrán utilizar medios técnicos y se levantará
un acta sucinta de lo sucedido en ella.
RÉGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ.
ARTÍCULO 256. COMPETENCIA. <Artículo
modificado por el artículo 68 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Corresponde exclusivamente a las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, juzgar disciplinariamente, en primera
instancia, a los Jueces de Paz conforme a la Ley 497 de 1999 o normas que la
modifiquen.
Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los conjueces
que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunal
Contencioso Administrativo, las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial
para la Paz y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
ARTÍCULO 257. DEBERES, PROHIBICIONES,
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. <Aparte
tachado eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
El régimen disciplinario para los Conjueces en la Rama Judicial y los
jueces de paz comprende el catálogo de deberes y prohibiciones
previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto
resulten compatibles con la función respecto del caso en que deban actuar, y el
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses
previstos en dicha ley y en las demás disposiciones que los regulen.
ARTÍCULO 258. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Aparte
tachado eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
El catálogo de faltas gravísimas imputables a los conjueces y jueces de
paz es el señalado en esta ley, en cuanto resulte compatible con la
función respecto del caso en que deban actuar.
ARTÍCULO 259. FALTAS GRAVES Y LEVES, SANCIONES Y
CRITERIOS PARA GRADUARLAS. <Aparte tachado
eliminado por el artículo 72 de la Ley 2094 de 2021>
Para la determinación de la gravedad de la falta respecto de los
conjueces y jueces de paz se aplicará esta ley, y las
sanciones y criterios para graduarlas serán los establecidos en el presente
código.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.
ARTÍCULO 260. COMUNICACIONES. Ejecutoriada
la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única
instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación, a la Gerencia de la Rama Judicial* o quien haga sus
veces, y al nominador del funcionario sancionado.
ARTÍCULO 261. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. Las
sanciones a los funcionarios judiciales se ejecutarán en la forma prevista en
este código. Las multas serán impuestas a favor de la Gerencia de la Rama
Judicial* o quien haga sus veces. Igual destino tendrán
las sanciones impuestas, por quejas temerarias a que se refiere esta normatividad.
ARTÍCULO 262. REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Los
aspectos no regulados en este título se regirán por lo dispuesto para el
procedimiento consagrado en este código.
TRANSITORIEDAD, VIGENCIA Y DEROGATORIA.
ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás
eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.
PARÁGRAFO. <Parágrafo corregido por el artículo 3 del
Decreto 1656 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La designación de la
primera sala disciplinaria de juzgamiento a que alude el artículo 17 de esta
ley, deberá ser integrada de forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma
inmediatamente sus competencias. El período de esta primera sala se extenderá
hasta el 17 de marzo de 2025, sin perjuicio de su eventual prórroga.
ARTÍCULO 264. Con
el fin de promover la capacitación, investigación, divulgación y publicación
del contenido de la presente ley, la Procuraduría General de la Nación podrá
destinar hasta el 1% de su presupuesto al Instituto de Estudios del Ministerio
Público
ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Artículo
modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente
ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto
de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación.
Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y
deróguese la referencia a las palabras “y la consulta” que está prevista en el
numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma
relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.
PARÁGRAFO 1o. El artículo 1 de la presente Ley,
relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su
promulgación.
PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a
regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá
su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002,
modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
El Presidente del Honorable Senado de
la República,
Ernesto Macías Tovar.
El Secretario General del Honorable
Senado de la República,
Gregorio Eljach
Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara
de Representantes,
Alejandro Carlos Chacón Camargo.
El Secretario General de la Honorable
Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO
NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero
de 2019.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.
La Ministra de Justicia y del
Derecho,
Gloria María Borrero Restrepo.
El Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
Alberto Carrasquilla Barrera