Sentencia C-949/02
PROHIBICION
DISCIPLINARIA A SERVIDOR PUBLICO-Incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones civiles,
laborales, comerciales o de familia impuesta en decisión judicial
PROHIBICION A SERVIDOR
PUBLICO-Incumplimiento
reiterado e injustificado de obligaciones civiles, laborales, comerciales o de
familia impuesta en decisión judicial
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Incorporación en ley de condición
establecida por la Corte Constitucional
PROHIBICION A SERVIDOR
PUBLICO-Inexequibilidad
del incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones impuestas en
decisiones administrativas
Sala Plena
Referencia:
expediente D-3986
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 35, numeral 11 de la Ley 734 de 2002
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”
Demandante:
Agustín Velasco Vélez
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Bogotá, D.C., seis
(6) de noviembre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la
Constitución Política el ciudadano Agustín Velasco Vélez, presentó demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002 “Por
la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Por auto de 16 de
abril del año 2002, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, y
ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, se dispuso dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó
la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor
Presidente del Congreso de la misma, con el objeto que si lo estimaban oportuno
conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
II.
NORMA
DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la norma demandada, conforme a su
publicación en el Diario Oficial.
“Ley 734 de 2002
(febrero 5)
“Artículo 35. Prohibiciones.
A todo servidor público le está prohibido:
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada
obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en
decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de
conciliación”
El ciudadano demandante considera que el
artículo 35, numeral 11, del Código Disciplinario Único, vulnera los artículos
1, 6, 25, 113 y 123 de la Constitución Política.
Expresa, que como lo ha manifestado el
doctor José Gregorio Hernández Galindo, la norma confunde dos campos de la
actividad de la persona, como son su desempeño público y las conductas privadas
relacionadas con la vida privada del funcionario, con lo cual se permite que el
Estado, contra toda regla de justicia, sancione a un servidor público que no ha
faltado en el ejercicio de sus funciones, por situaciones externas al servicio,
circunstancia que contraría los mandatos del Estatuto Superior.
Aduce que el incumplimiento de las
propias obligaciones tiene dentro del ordenamiento jurídico su respectiva
sanción, por lo que no se ve la necesidad de añadir a ella la creación de una
falta disciplinaria, que a todas luces resulta desproporcionada.
Finalmente manifiesta que la disposición
acusada desconoce la recesión imperante en Colombia, que también cobija a los
servidores públicos e incluso al Estado, que por razones de orden económico en
muchos casos, no cancela en forma oportuna los salarios y prestaciones sociales
de dichos servidores.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
La Procuradora Delegada para el
Ministerio Público en asuntos penales, delegada para conceptuar en el presente
asunto por impedimento aceptado del Procurador General de la Nación y del
Viceprocurador, en concepto N° 2954 de 29 de julio de 2002, solicita a la Corte
declarar que en relación con la norma acusada ha operado el fenómeno jurídico
de la cosa juzgada constitucional.
En efecto, manifiesta que esta
Corporación en sentencia C-728 de 2000, declaró la constitucionalidad
condicionada del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, cuyo contenido normativo es
similar al establecido en el artículo 35, numeral 11 de la Ley 734 de 2002,
encontrándolo ajustado a los preceptos constitucionales, incluso por cargos
semejantes a los que dieron origen a la demanda que ahora se estudia. Por lo
tanto, el Ministerio Público considera que ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada material y, en consecuencia, solicita a esta Corte que así se declare.
1.
Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda que se estudia.
2.
Constitucionalidad del artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002
2.1. El ciudadano demandante acusa el artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002, por considerar que dicha disposición vulnera la Constitución Política, al confundir dos campos de la actividad de la persona, por cuanto permite que se sancione disciplinariamente al servidor público por conductas que son del resorte de su órbita privada, y no por conductas atribuibles al ejercicio de sus funciones, con lo cual se desconoce que el incumplimiento de las propias obligaciones tiene en el sistema jurídico su respectiva sanción, sin que exista la necesidad de añadir a ella la creación de una falta disciplinaria, pues ello resulta completamente desproporcionado.
2.2.
El artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se
expide el Código Disciplinario Único”, establece como prohibición a todo
servidor público “Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones
civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales
o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación”.
La Ley 200 de 1995, derogada por la Ley 734 de 2002, consagraba en el artículo 41, numeral 13, dentro de las prohibiciones a los servidores públicos “El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia, salvo que medie solicitud judicial”. Esta disposición fue demandada en acción pública de inconstitucionalidad, siendo declarada su exequibilidad bajo el entendido “de que la investigación disciplinaria acerca de reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público sólo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones”. (Sent. C-728 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Como lo señala el Ministerio Público, con fundamento en la citada providencia, el Congreso de la República al expedir la Ley 734 de 2002 que derogó la Ley 200 de 1995, contempló la misma disposición pero incorporando la condición establecida por el Tribunal Constitucional, es decir, elevó a rango legal la condición impuesta en la sentencia C-728 de 2000, en el sentido de que la investigación disciplinaria que se adelante contra un servidor público por incurrir en incumplimiento reiterado e injustificado de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia, solamente se podrá iniciar con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones “en las que se declare que el funcionario no ha dado cumplimiento oportuno a sus obligaciones legales”.
En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional antes de determinar si el artículo 41, numeral 13, de la Ley 200 de 1995, resultaba ajustado a la Constitución, aclara de entrada, que la prohibición contenida en la norma no se refiere al incumplimiento ocasional de una obligación por parte del servidor público, sino a la reiterada e injustificada omisión del servidor público, de sus compromisos privados. Además, puntualizó la Corte que “evidentemente, las obligaciones a las que hace referencia la norma no pueden ser obligaciones de tipo moral, puesto que ello vulneraría de manera palmaria el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que faculta a cada persona para establecer un plan o modelo de vida propia”.
Así las cosas, la sentencia C-728 de 2000, al analizar la finalidad y proporcionalidad de la norma expresó:
“El fin de la norma bajo examen es
el de garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano
cumplidor de sus obligaciones legales y que no lesionen la imagen pública del
Estado. Detrás de este objetivo pueden encontrarse varias razones: por un lado,
que los funcionarios son la representación más visible del Estado y se espera
que sus actuaciones concuerden con las visiones que se proponen acerca de la
colectividad política y del papel de cada uno de los asociados dentro de ella;
por otro lado, que los servidores públicos son los encargados de realizar las
actividades estatales en beneficio de los ciudadanos y que, en consecuencia,
deben brindar con su vida personal garantía de que en el desarrollo de sus
labores responderán a los intereses generales de la comunidad; de otra parte,
que, en la medida de lo posible, los servidores públicos estén liberados de los
inconvenientes y los trastornos que generan las continuas reyertas y
desavenencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones privadas, de
manera que puedan dedicarse de lleno a sus labores y que no involucren a las
entidades estatales en esos conflictos; y, finalmente, que los funcionarios no
se amparen en su calidad de servidores del Estado para cometer desafueros, bajo
el entendido de que su condición infunde temor en los afectados por sus
decisiones.
(...)
Pero, además, cabe aclarar que lo
que se sancionaría disciplinariamente no sería el incumplimiento de una
determinada obligación civil, comercial, laboral o de familia, sino la
sistemática vulneración del orden jurídico por parte de un servidor público. Es
decir, no se trataría de castigar incumplimientos determinados, sino la actitud
de un funcionario de trasgresión metódica del ordenamiento. En un momento dado,
la acumulación de incumplimientos de las obligaciones legales por parte de un
servidor público adquiere una entidad, una sustancia propia, distinta de la de
cada uno de los hechos que configuran esa invariable actitud de desacato a las
normas jurídicas. Es precisamente esa conducta autónoma y propia la que podría
llegar a ser sancionada...
El Estado establece un orden
jurídico y los servidores públicos son los principales encargados de que impere
en la vida social. Los funcionarios deben, entonces, velar por la aplicación y
el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Si ello es así, sufre
gran mengua la imagen y legitimidad del Estado, cuando algún servidor público
se convierte en un violador impenitente del orden jurídico. Esa conducta atenta
contra el buen nombre de la actividad estatal y contra el interés de todo
Estado democrático participativo de generar con los ciudadanos una relación de
cercanía y confianza.
Ahora bien, analizado el principio de proporcionalidad, porque en esa ocasión como en la presente, los demandantes consideraron la norma injusta, desproporcionada y alejada de los intereses legítimos del Estado, esta Corporación precisó:
“Frecuentemente, la dificultad en
la aplicación del test de proporcionalidad se presenta en los pasos en los que
se indaga acerca de la necesidad de la norma y de su estricta
proporcionalidad...A primera vista podría plantearse que la norma no es
necesaria porque el servidor público que no es respetuoso de sus obligaciones
legales bien puede ser demandado ante las jurisdicciones en las que se debaten
los respectivos incumplimientos. Si ello es así, el funcionario público que no
honra sus compromisos bien puede ser condenado dentro de los procesos que se
instauren ante las jurisdicciones civil, laboral, comercial o de familia. Sin
embargo, esta objeción no responde al interés de la norma acusada, cual es el
de velar por que los servidores del Estado respondan a un modelo de ciudadano
que observa cumplidamente las normas jurídicas. Las condenas en las otras
jurisdicciones no aportarían nada a este objetivo. Por el contrario, podrían
generar inquietud en los ciudadanos acerca de la moralidad de los servidores
públicos y de lo que se puede esperar de las entidades estatales en las que
laboran individuos que incumplen sistemáticamente sus obligaciones legales.
De la misma manera, en relación con
el interrogante acerca de la estricta proporcionalidad de la norma podría
decirse que ella interfiere de manera excesiva sobre distintos derechos de los
ciudadanos que se desempeñen como servidores públicos. En efecto, el precepto
estaría imponiendo pautas de comportamiento a estos servidores, que no están en
relación directa con su función laboral. La Corte considera que esta objeción sería
de recibo si la norma impusiera reglas morales sobre los funcionarios, que
afectaran su propio e íntimo plan de vida. Pero no es ese el caso...Lo que ella
hace merecedor de sanción es el incumplimiento reiterado e injustificado de las
obligaciones. No se trata entonces de sancionar al servidor que alguna vez
incumple sus compromisos legales, sin tener ninguna justificación para su
conducta. Obsérvese que si bien el fin de la norma es lograr que los servidores
públicos se orienten hacia el modelo del buen ciudadano, no exige que sean
siempre y en toda ocasión –sin miramiento alguno- cumplidos con sus
obligaciones, sino que no sean descaradamente irrespetuosos con sus
obligaciones legales. Así, pues, el servidor público que podría llegar a ser
sancionado por la incursión en esta prohibición sería aquel que es contumaz en
su conducta, indiferente ante los perjuicios que le causa a los demás
particulares a los que les incumple los compromisos y ante el daño que genera
para la imagen de las instituciones estatales. Por lo tanto, cabe concluir que
la norma demandada no constituye una interferencia exorbitante en la esfera
privada de los servidores públicos, y que las restricciones que se derivan de
ella están en armonía con el beneficio que se espera lograr.
Finalmente considero la Corporación
que “es importante precisar que el
objetivo de la prohibición es, en primera instancia, evitar el perjuicio que
genera para las instituciones estatales el contar entre sus colaboradores con
servidores incorregiblemente quebrantadores del ordenamiento jurídico. Por eso,
no puede entenderse que sea contraproducente e irrazonable el que como
consecuencia de una sanción por el incumplimiento de obligaciones resulten
algunos intereses particulares perjudicados, pues dentro del marco de su
libertad de configuración normativa, el legislador puede, dentro de ciertos
límites, anteponer el bien público –en este caso sancionar al servidor que
perjudica la imagen de las entidades estatales- a los intereses particulares de
distintas personas. Además, en el caso de las obligaciones civiles, comerciales
y laborales las personas que realizan transacciones o acuerdos conocen que
siempre existe un riesgo en este tipo de actividades, que se puede cristalizar
en el hecho de que la contraparte incumpla sus obligaciones. Y para obtener el
respeto de las mismas, y de las obligaciones familiares, la legislación ha
fijado distintos procedimientos y autoridades, a los cuales pueden acudir los
afectados”.
3. Analizadas tanto la norma acusada como lo expresado por la Corte en la sentencia C-728 de 2000, en relación con el artículo 41, numeral 13 de la Ley 200 de 1995, se encuentra por la Corte que el legislador, al expedir el artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002, ahora demandado, no hizo cosa distinta a la de incluir en el texto normativo nuevo, el condicionamiento expresado que para declarar la constitucionalidad del artículo 41, numeral 13 de la Ley 200 de 1995, introdujo la Corte en la sentencia aludida, dentro del cual incluyó las obligaciones “admitidas en diligencia de conciliación”, lo que resulta igualmente acorde con la Constitución, pues la conciliación surte efectos de cosa juzgada.
4. El artículo 35 de la Ley 734 de 2002, incluye también como prohibición a los servidores públicos el incumplimiento de manera reiterada e injustificada de las obligaciones impuestas en decisiones administrativas.
Al respecto, se observa por la Corte que tales decisiones pueden ser objeto de controversia judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual son diferentes al incumplimiento reiterado e injustificado de decisiones judiciales, asunto este sobre el cual, como ya se dijo, si existe cosa juzgada material.
Ahora, tratándose de decisiones administrativas que impongan obligaciones a los servidores públicos, es claro que ellas a pesar de que gozan de la presunción de legalidad, pueden ser objeto impugnación por la vía gubernativa y de controversia ante la jurisdicción competente, e incluso de suspensión provisional, razón esta por la cual, aparece como desproporcionado erigir su incumplimiento en una falta por violación de una prohibición por parte del servidor público, pues decisiones administrativas en ese sentido pueden ser proferidas por las más diversas autoridades y de esa manera se pondría en serio peligro la continuidad del servidor en la administración pública, lo que resulta contrario al artículo 6 de la Carta. Desde luego, la decisión de la Corte no significa una autorización al desconocimiento de decisiones administrativas proferidas por las autoridades correspondientes; lo que sucede es que se deja la posibilidad de que ellas sean controvertidas tanto en la vía gubernativa como ante la jurisdicción administrativa conforme a la Constitución y a la ley. De esta suerte, si quedan en firme luego del proceso contencioso administrativo y a pesar de ello existe desconocimiento reiterado e injustificado por parte del servidor público, ello sería constitutivo de falta pues equivale a alzarse contra las decisiones de los jueces cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos y mucho más para los servidores públicos.
No habiendo variado sustancialmente las circunstancias sociales e históricas conforme a las cuales se expidió la norma acusada, no encuentra la Corte motivo alguno para declarar la inconstitucionalidad de dicha disposición, salvo la expresión “o administrativas”, que se declarará inexequible.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el artículo 35,
numeral 11, de la Ley 734 de 2000 “Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único”, salvo la expresión “o administrativas” que se
declara INEXEQUIBLE.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
RODRIGO ESCOBAR GIL
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
ALVARO TAFUR GALVIS
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia
C-949/02
PROHIBICION A
SERVIDOR PUBLICO-Determinación
del fundamento del ilícito disciplinario (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROHIBICION A SERVIDOR PUBLICO-No es absoluta (Salvamento de voto)
El
ámbito de configuración de prohibiciones para los servidores públicos no es
absoluto pues está limitado por la finalidad que le impone el Ordenamiento
Superior. Y esa finalidad no es otra que
el cumplimiento de los deberes funcionales de los agentes estatales. De allí que el legislador disciplinario pueda
desvalorar comportamientos y prohibirlos con miras a generar responsabilidad
disciplinaria pero sólo si ellos interfieren en los deberes funcionales del
servidor público, esto es, si afectan la función social del servidor público o
del particular que cumple funciones públicas.
FALTA
DISCIPLINARIA-Comportamientos
que no la constituye (Salvamento de voto)
Todos
esos comportamientos que despliegue el servidor público y que no trasciendan a
su rol funcional para perjudicar el servicio a cargo de la administración, no
pueden constituir falta disciplinaria alguna.
Estos comportamientos pueden ser reprochables desde otros ámbitos
normativos pero en manera alguna desde el derecho disciplinario. Si se desconoce la naturaleza sustancial del
ilícito disciplinario, se cae en el equívoco de tipificar faltas que se limitan
a cuestionar la conducta del servidor público haciendo abstracción de los deberes
funcionales que como tal le incumben.
FALTA
DISCIPLINARIA-No la
constituye comportamientos que no trascienden el ámbito funcional (Salvamento
de voto)
FALTA
DISCIPLINARIA-Exigencia
de ilicitud sustancial (Salvamento de voto)
Con el respeto que merecen las decisiones
de la Corte Constitucional, salvamos nuestro voto en relación con la decisión
tomada en la Sentencia C-949-02 que declaró exequible el artículo 35, numeral
11, de la Ley 734 de 2002 “Por la cual
se expide el Código Disciplinario Único”.
Las razones de nuestro disentimiento son las siguientes:
1.
La norma demandada consagra una prohibición para los servidores públicos
consistente en “Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones
civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales
o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación”.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley
734, constituye falta disciplinaria grave o leve “la violación al régimen de prohibiciones”.
De este modo, el incumplimiento de la
prohibición consagrada en la norma demandada configura una falta disciplinaria
que, de acuerdo con las circunstancias, podrá ser catalogada como grave o leve
y sancionada según el régimen disciplinario.
2.
Según el actor, esa norma vulnera la Carta pues confunde el desempeño
público de los funcionarios con su conducta privada; permite que se les
sancione sin haber incumplido sus deberes funcionales; desconoce que el
incumplimiento de las obligaciones patrimoniales genera otro tipo de sanciones
y es ajena a las dificultades económicas por las que pueden atravesar los
funcionarios.
3.
La Corte consideró que la norma, con excepción de la expresión “o administrativas”, no vulneraba la
Carta pues se limitaba a reproducir una norma similar que había sido declarada
exequible en la Sentencia C-728-00 pero incorporando el condicionamiento
realizado por la Corporación en esa oportunidad.
Para ello, en lo sustancial, se remitió a
los argumentos planteados en esa ocasión:
La disposición persigue un fin legítimo, que los servidores públicos
respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que
no lesionen la imagen pública del Estado.
Además la medida tomada es razonable pues se dirige sólo contra el
servidor que incurre en una sistemática vulneración del orden público y es
también proporcionada en sentido estricto.
Así, la Corte concluyó que no han variado sustancialmente las
condiciones sociales e históricas conforme a las cuales se expidió la norma
acusada y por ello declaró su exequibilidad.
4.
Es claro que el punto clave a resolver radicaba en la determinación del
fundamento del ilícito disciplinario pues la consagración de prohibiciones para
los servidores públicos sólo tiene sentido en cuanto su quebrantamiento genera
responsabilidad disciplinaria.
En nuestro sentir, el ámbito de
configuración de prohibiciones para los servidores públicos no es absoluto pues
está limitado por la finalidad que le impone el Ordenamiento Superior. Y esa finalidad no es otra que el
cumplimiento de los deberes funcionales de los agentes estatales. De allí que el legislador disciplinario pueda
desvalorar comportamientos y prohibirlos con miras a generar responsabilidad
disciplinaria pero sólo si ellos interfieren en los deberes funcionales del
servidor público, esto es, si afectan la función social del servidor público o
del particular que cumple funciones públicas.
En tal virtud, todos esos comportamientos
que despliegue el servidor público y que no trasciendan a su rol funcional para
perjudicar el servicio a cargo de la administración, no pueden constituir falta
disciplinaria alguna. Estos
comportamientos pueden ser reprochables desde otros ámbitos normativos pero en
manera alguna desde el derecho disciplinario.
Si se desconoce la naturaleza sustancial del ilícito disciplinario, se
cae en el equívoco de tipificar faltas que se limitan a cuestionar la conducta
del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que como
tal le incumben.
5.
En ese entendido, la norma demandada es inexequible porque consagra una
prohibición que agota su contenido de injusticia en el solo incumplimiento de
obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en
decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencias de
conciliación, sin tener en cuenta que ese reiterado e injustificado
incumplimiento puede carecer de alguna incidencia en el ámbito funcional del
sujeto disciplinable. Es inexequible
porque no satisface la exigencia de ilicitud sustancial que, al menos en una
democracia constitucional, resulta ineludible en una prohibición y en una falta
disciplinaria.
6.
La Corte incorpora a la motivación del fallo la argumentación expuesta
en la Sentencia C-728-00, motivación según la cual la norma es legítima en
cuanto su finalidad radica en “evitar el perjuicio que genera para las
instituciones estatales el contar entre sus colaboradores con servidores
incorregiblemente quebrantadores del ordenamiento jurídico”.
Ese argumento refleja muy bien la
incoherencia del fallo: En lugar de
declarar inexequible la prohibición demandada y la falta disciplinaria
configurada a partir de ella por ausencia de la ilicitud sustancial exigible a
todo ilícito disciplinario, opta por una declaratoria de exequibilidad que
permitirá la imputación de la falta y la imposición de la sanción sin la más
remota posibilidad de que se cumplan las funciones del régimen
disciplinario: Si los destinatarios de
la norma son los servidores incorregiblemente quebrandatores del ordenamiento
jurídico, su aplicación carecerá por completo de sentido pues sobre sujetos
incorregibles no pueden cumplirse, en manera alguna, las funciones correctoras
y preventivas de las sanciones disciplinarias.
Estas las razones de nuestro
disentimiento y por las cuales creemos que la norma demandada debió ser
declarada inexequible.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado